La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del Caso Taula, el titular del Juzgado de Instrucción 18, que prorrogue un año más la investigación de la pieza A, en la que se investiga el presunto pitufeo y el supuesto delito electoral cometido por los responsables del grupo municipal popular del Ayuntamiento de València durante las elecciones de 2007, 2011 y 2015.
La petición, en el caso de ser atendida, complica el futuro de los diez actuales ediles investigados en la causa (todos excepto el concejal Eusebio Monzó), quienes ya han criticado en diversos escritos la tardanza en la investigación de esta causa que se prolonga desde que fueron citados a declarar en enero de 2016.
El Ministerio Público justifica esta petición de prórroga de doce meses más debido a que «las diligencias de investigación no han concluido, se encuentran pendientes de practicar diligencias de investigación solicitadas, las cuales comprenden documentación que es necesario examinar por si de las mismas resultare la necesidad de practicar otras diligencias a la vista de su examen. Circunstancia que, en el caso de no prorrogarse, sería inviable», según el escrito notificado a las partes.
Cabe recordar que además del presunto pitufeo (blanqueo de dinero en cantidades pequeñas) en esta pieza también se investiga si el PP utilizó a dos consultoras de comunicación, Laterne Product Council y Trasgos Comunicación, como supuestas «recaudoras» de dinero en «B» procedente de contratistas para financiar las campañas electorales de 2007 y 2011, tal como hizo el PP con Orange Market en las elecciones de 2007 y 2008.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 18 también ha recibido un informe de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) más información sobre el triángulo de facturaciones entre una de las herederas del imperio Lladró, Rosa María Lladró Sala (hija del empresario Juan Lladró Dolz, fallecido en 2017) la Fundación Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB) y la empresa Laterne Product Council.
El cruce de la empresaria Lladró Sala con el caso que investiga la presunta financiación ilegal del PP en la pieza A del Caso Taula se produjo al reclamar el juzgado a Hacienda toda la información tributaria de Laterne Product Council SL en 2006, 2007 y 2008 (las elecciones municipales fueron en 2007, aunque la investigación ha detectado pagos a Laterne desde 2004).
La AEAT no detectó ninguna «actuación de comprobación e investigación» en ese trienio. Pero sí «actuaciones inspectoras llevadas a cabo con Rosa María Lladró Sala» y que motivaron una reclamación de información respecto a Fundación Turismo Valencia Convention Boureau por el abono de 372.000 euros a Laterne Product Council SL.
En la documentación aportada por Lladró a Hacienda únicamente consiste en un informe sobre el efecto de la F-1 en el turismo, aunque a nombre de Turismo València, sin que conste la autoría de Laterne Product Council ni de Lladró sobre este escrito.
