La actualización del Pacto contra la Corrupción y por la regeneración cívica ha evaluado el grado de cumplimiento por parte de los cinco partidos políticos con representación en las Corts que firmaron el pacto hace ahora tres años. Así, Fundación por la Justicia analiza hasta dónde se ha llegado en las Corts para cumplir con los compromisos adquiridos y los artículos en los que no se ha avanzado.

Es el caso de la propuesta 7 del pacto, que no suscribieron ni el PP ni por el PSPV. Se trata de la cláusula que insta a «eliminar los sistemas de libre designación de cargos administrativos», incluidos directores generales, para que sean ocupados por funcionarios de carrera y evitar «la injerencia de los políticos».

Ni fue suscrito por los dos partidos, ni se han tomado medidas al respecto, aunque la Fundación señala que el PP presentó en el Debate de Política General de 2018 una propuesta de resolución para la «reducción» de puestos de libre designación, pero no para el propósito acordado en el pacto: que cualquier puesto que implicara el control de legalidad y el manejo de fondos estuviera ocupado por personal de la Administración.

El informe analiza el cumplimiento de los 75 puntos acordados en base a las acciones políticas llevadas a cabo, tanto si han resultado exitosas, como la aprobación de la Ley de Transparencia como si se han quedado en agua de borrajas, como la Ley Electoral Valenciana.

En el mismo apartado sobre Función Pública, tampoco PP y PSPV suscribieron homogeneizar el régimen de incompatibilidades para todos los ámbitos de la Administración, haciendo incompatible los cargos de alcalde y concejal con el de diputado, senador o parlamentario en las Corts.

Sin embargo, la fundación reconoce que en el fallido proyecto de la Ley Electoral Valenciana sí que se recogía este requisito, al igual que la Ley de Incompatibilidades de 2016, que prohibe las puertas giratorias durante los tres años siguientes al cese del cargo. El pacto exigía cuatro, pero la fundación lo considera «un avance».

Otra cláusula buscaba «adelgazar» la cúpula política que gobierna cada una de las instituciones, pero ninguna medida se ha implementado en este sentido, como el propio informe indica. De hecho, solo la firmó Compromís, Podemos y PP, pero nada se ha impulsado en este sentido.

Los grupos firmaron conjuntamente 52 de las 75 cláusulas. Entre ellas, destaca la de eliminar los aforamientos cuando el cargo público esté siendo investigado. En este sentido, la Fundación destaca la proposición no de ley de reforma del Estatut d'Autonomia que eliminaba los aforamientos en diputados y consellers y la creación de la comisión de investigación de la corrupción, ambos propuestas por Cs en las Corts.

Por partidos, es Podemos quien más esfuerzos ha volcado en impulsar la transparencia y el buen gobierno. En total, 9 medidas propias, frente a 1 que en estos tres años ha presentado el PP. A las normas propuestas por cada partido, hay cinco más que provienen de comisiones parlamentarias, como la de Organización y Régimen de las Instituciones, la de Justicia y la de Medio Ambiente.

En 2015, el PSPV firmó el 81 % de las propuestas, mientras que PP aprobó el 85 % y Cs el 84 %. Podemos y Compromís se comprometieron con el 100 % del pacto.

Fundación por la Justicia presenta hoy las conclusiones obtenidas en el último mes a base de contactos con los partidos y el estudio de los impulsos legislativos. Reconocen el esfuerzo contra la corrupción, pero son insuficientes dado que «día a día» se conocen casos que evidencian que ese impulso «no se plasma en la realidad».