Casi cinco años sin avanzar. Así se encuentran las obras de la cárcel de Siete Aguas (Centro Penitenciario Levante II), que están paralizadas desde el año 2014. Pese a los distintos anuncios de que se retomarían los trabajos y a que se habían aprobado diferentes dotaciones presupuestarias al proyecto durante los últimos años, las máquinas no han vuelto a funcionar en lo que a día de hoy parece una especie de prisión fantasmal sin apenas actividad.

El proyecto de la cárcel de Siete Aguas fue adjudicado en marzo de 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero por 86 millones de euros más IVA a las compañías Sacyr e Indra. El plazo de ejecución comprometido era de 45 meses. Es decir, en un principio debería haber estado acabada en diciembre de 2013.

Los trabajos de construcción se iniciaron en mayo de 2011 y apenas un año después, en junio de 2012, ya sufrieron su primera parada considerable. Las obras se consiguieron reanudar, hasta 2014. Desde entonces, y ya han pasado cinco años, apenas hay movimiento.

En agosto de 2015, el entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunció que los trabajos se retomarían en abril del año siguiente. Pero, aunque incluso los Presupuestos Generales del Estado preparaban partidas de 1,4 millones en 2015, 14,3 en 2016, 45,1 en 2017 y 55,4 en 2018 para terminar la cárcel, no se ha producido ningún avance desde entonces. Eso sí, ya se preveía que el coste final de la prisión iba a superar con creces los iniciales 90 millones previstos, hasta al menos 130 millones de euros.

A día de hoy, se ha ejecutado un 16,2 % del total de la inversión inicialmente prevista, lo que supone unos 14,5 millones millones de euros. Y no hay fechas ni para que las obras se reinicien ni para su finalización. Eso sí, la cárcel sigue costando dinero a las arcas del Estado en materia de vigilancia para evitar robos y mantenimiento que, hasta el momento, han supuesto unos 850.000 euros.