El Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana (COBCV) ha pedido una reunión con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para trasladarle el "malestar" de los profesionales que trabajan en instituciones sanitarias de la Comunitat ante su "lamentable situación laboral".
COBCV ha afirmado que "semana tras semana recibe un goteo constante de quejas remitidas por los biólogos" en las que explican "con detalle la lamentable situación laboral que atraviesan desde hace años", porque el personal investigador biomédico "trabaja bajo la figura de becario con contratos temporales, algunos de media jornada ligados a programas vinculados a fondos ministeriales de investigación biomédica", ha indicado la institución en un comunicado.
Este "goteo", según el decano del COBCV, Ignacio Lacomba, "refleja una situación generalizada que se da en todos los centros de investigación que dependen o están en el ámbito de los hospitales". Esta investigación "se realiza por personal especializado que no ve reconocida su profesión y a la cual no se le da un futuro", ha reprochado.
La "gran mayoría" de los biólogos sanitarios se dedican principalmente al diagnóstico, procesado, análisis, clasificación y almacenaje de muestras derivadas de los hospitales, pero "existe una parte importante cuya misión principal es la investigación biomédica con muestras que los pacientes donan para colaborar en la búsqueda de tratamientos que mejoren su calidad de vida o incluso curen su enfermedad", ha detallado el órgano colegial.
En este sentido, "buena parte de estos biólogos carecen de formación sanitaria especializada, una situación lógica debido al irrisorio número de plazas de biólogos internos residentes (BIR) que se ofertan en la sanidad pública", ha lamentado la institución.
Por ello, según COBCV, su trabajo "carece de regularización, una paradoja desoladora para unos profesionales con una indiscutible formación y experiencia que les aboca en muchos casos a condiciones laborales vergonzosas, con contratos de prácticas, contratos temporales y contratos a media jornada que suelen incumplirse sistemáticamente".
Lacomba pretende "trasladar a las autoridades sanitarias esta situación para que muestren sensibilidad y dentro de sus posibilidades intenten buscar soluciones". "Queremos que se den cuenta de lo grave que es esta cuestión y de lo mucho que nos jugamos en ello", ha manifestado.
Esta situación "ocurre en toda España y no solamente a nivel de la Comunitat", por lo que el organismo instará al Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos a que "abra una línea de trabajo en este sentido para toda España", ha anunciado Lacomba.
El decano del colegio ha advertido que "el futuro de la investigación biomédica está en el aire porque ahora mismo se están abandonando numerosas líneas de investigación llevadas a cabo por muchos jóvenes investigadores que son maltratados profesionalmente porque no se les reconoce la especialidad".
A estos profesionales "se les contrata como 'machacas' de laboratorio pese a que están haciendo una labor de investigación de primera línea", ha aseverado Lacomba, quien ha remarcado que "hay que tener en cuenta que todas esas líneas de investigación no van a progresar".
Lacomba ha alertado que "vamos a perder el tren de la investigación biomédica, que es la que realmente está salvando vidas en nuestro país", porque la biomedicina "es la que está detrás de los avances en cuanto al cáncer, el alzheimer, el parkinson y un buen puñado de enfermedades que están emergiendo con fuerza", en especial las que a la tercera edad y que "ahora mismo son objeto de esas investigaciones", ha indicado.
El Colegio de Biomédicos han hecho hincapié en que los contratos de personal investigador están financiados "casi exclusivamente por fondos públicos vehiculados a través de ayudas y becas", con la Acción Estratégica en Salud (AES) del Instituto de Salud Carlos III como la "herramienta más importante de financiación pública" en este ámbito.
Desde 2012 hasta 2017, "se dejaron de invertir en España solamente en este tipo de ayudas aproximadamente ocho millones de euros, es decir, el equivalente a unos 60 contratos para investigación", ha denunciado el organismo.
