Ya ocurrió con la tramitación de la ley para controlar la actividad de los lobbies en el ámbito de la Generalitat y ha vuelto ocurrir con la ley que aspira a sustituir a la actual norma de transparencia heredada de la etapa popular.
El proyecto de ley de gobierno abierto de la Comunitat Valenciana elaborado por el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha levantado ampollas entre algunas conselleries y desatado un aluvión de alegaciones, algunas de ellas, con una gran carga crítica.
La ley, que supone una vuelta de tuerca a las exigencias de transparencia para las Administraciones y otras entidades, no convence a algunos departamentos, que la consideran inaplicable dada la escasez de recursos personales y económicos.
Es el caso de la Conselleria de Sanidad, que la ve poco realista y excesivamente voluntarista por la escasez actual de medios personales, de formación y materiales. Genera nuevas cargas que «difícilmente podrán atenderse» ni en futuros ejercicios, incluso aunque mejore la financación.
La ley multiplica exponencialmente la información que la Administración debe poner al servicio de la ciudadanía y, entre otras novedades, contempla la existencia de unidades de transparencia en todas las conselleries.
Para el departamento de Agricultura, ampliar funciones a unidades ya existentes es «manifiestamente inviable» y, en caso de ser nuevas, advierte de que las exigencias derivadas de la actual ley ya son dificultosas ante la insuficiencia de medios.
Sin nuevos puestos de trabajo, reflexiona este departamento, «no es posible asumir satisfactoriamente los compromisos y obligaciones» de la ley.
Transparencia, según se deduce de los informes del expediente, es consciente de que necesitará una importante incremento de la plantilla. La primera memoria económica, relativa al nuevo Consell de Transparencia, habla de siete nuevos puestos, tres de los cuales serían altos cargos que sustituirían a los actuales consejeros. El coste sería de 400.000 euros.
Un segundo informe, sobre la aplicación de la ley, habla de seis nuevos puestos más por valor de 270.000 euros y ello al margen del refuerzo de cada una de las conselleries.
La escasez de recursos no es la única pega que las distintas conselleries han traslalado a la Conselleria de Transparencia. Son casi un centenar de alegaciones, el grueso de las cuales han sido desestimadas. Sanidad es la que más inconvenientes ve en esta ley, pero también hay fuego amigo.
Departamentos encuadrados, como Transparencia, dentro de la órbita de Compromís tampoco se muerden la lengua. Así, por ejemplo, Medio Ambiente y Agricultura se revuelve contra la nueva regulación del Consell de Transparencia (se le potencian algunas competenicas, aunque se le quitan otras) al entender que no está justificado crear un nuevo organismo público, ya que entiende que sus funciones son ejercidas por la propia Conselleria de Transparencia.
En su respuesta, el departamento de Alcaraz apunta que la naturaleza jurídica será de «autoridad administrativa independiente», una fórmula que la dirección general de Presupuestos le advierte que carece de reconocimiento expreso.
La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas también ataca la espina dorsal de la ley ya que a su entender existe el riesgo de generar duplicidades en la regulación de la transparencia y pone como ejemplo la publicidad en la contratación pública.
Por su parte, el régimen sancionador también es conflictivo. Sanidad considera que la previsión de la ley es la constatación del «manifiesto agravio comparativo» entre el personal funcionario y los altos cargos.
Subraya que las sanciones disciplinarias para los altos cargos son más leves que las previstas para los funcionarios, «más duras y variadas», por lo que «no parece de recibo que se aplique una sanción menor a quien tiene la autoridad». Además observa problemas jurídicos sobre el órgano competente para incoar los expedientes disciplinarios.
Entre las alegaciones, llama la atención la sugerencia de Agricultura (Elena Cebrián) de que los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales tengan las mismas exigencias de transparencia de otras entidades y la respuesta de la conselleria, que considera que regular la publicidad específica de estas organizaciones no está ahora en sus planes.
