La Assemblea Feminista 8M de València ha denunciado esta mañana que bajo el amparo de la denominada "ley Mordaza" se está "criminalizando" al movimiento feminista y ha exigido que se retiren las multas impuestas a doce integrantes de la plataforma en la huelga del 8 de marzo, que superan los 6.000 euros. Un grupo de miembros de la asamblea y simpatizantes se han sumado a la concentración convocada por esta organización en las puertas de la Delegación del Gobierno en València para "visibilizar la represión política al movimiento feminista" y "autoinculparse" como "piqueteras el 8M" en solidaridad con las denunciadas.

Una de las portavoces de la Assemblea Feminista, Teresa Meana, ha recordado que el delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, se comprometió con una representación de esta plataforma a "revisar las multas una a una", pero ha lamentado: "Estamos en diciembre y todo está igual". Cada multa, ha explicado, asciende a unos 600 euros y los motivos son por "informar" o "manifestarse" en una huelga legalmente convocada, "por ocupar las calles pacíficamente", por protestar por la "violencia policial" o, en otro de los casos, "por decirle a un policía que le hablara en su lengua".

"Estamos en diciembre y las multas no se han retirado", ha lamentado Meana, quien ha advertido de que estas sanciones suponen una denuncia a "todo el movimiento feminista". Por su parte, Eva Romaní, miembro también de la asamblea, ha manifestado que esta protesta es además una "respuesta colectiva ante la represión policial que está padeciendo el movimiento feminista en València en forma de multas".