La Conselleria de Medio Ambiente admite que podría tener que suspender la caza en toda la provincia de València, tras dos años permitiendo esta actividad en 157 cotos que no tenían el Plan de Ordenación Cinegética aprobado, tal como exige la ley.
La Fiscalía Provincial, tras una denuncia del sindicato CGT en lo contencioso administrativo, ya ha inquerido a la Administración autonómica al respecto por autorizar acogiéndose al «silencio administrativo», cuando la ley de Procedimiento de 2015 prohíbe de forma expresa esta figura en caso de afectar al medio ambiente.
Además, la Abogacía de la Generalitat ha emitido un informe -por segunda vez- en el que tumba también el modus operandi del departamento de Elena Cebrián.
Desde la Dirección General de Medi Natural se aseguraba ayer que colaborarán con la Fiscalía, y buscarán la fórmula para tratar de regularizar una situación que puede afectar a centenares de cazadores.
Ahora, se estudia con la Abogacía si es posible pedir un período transitorio -no más allá de unas semanas, aseguran-, en el que poder tramitar todos los expedientes. «Si no cabe esa transitoriedad, tendremos que suspender temporalmente la caza», reconocían desde consellería.
Según los datos que maneja CGT, hasta en 157 cotos de Valencia se está cazando desde 2016 por «silencio administrativo». Algunos de estos «vedats» se encuentran en hasta 70 espacios naturales protegidos (un 67% del total), 6 parques naturales, 12 zonas de especial conservación , 21 lugares de interés comunitario,14 zonas de especial protección para las aves, 3 humedales, 2 paisajes protegidos y 12 parajes naturales municipales.
Los parques naturales son el Marjal Pego-Oliva (con un coto), Rio Túria (2), Serra Mariola y Carrascar de la Font Roja (2), Serra Calderona (6), Hoces del Cabriel (5 cotos) y el Parque Natural de l'Albufera (5).
La relación la ha elaborado el sindicato, «ante la negativa de la Administración autonómica a informar sobre el número de las reservas afectadas». Autorizar la caza sin PTOC conlleva que se esté abatiendo al gorrión común (Passer domesticus) o a la gallineta (Gallinula Chloropus) por silencio administrativo «por daños a la agricultura, sin aportar ningún censo, ni justificar qué clase de daños provocan al único cultivo de importancia de Bétera, el naranjo, al que no afectan estas especies», desgrana CGT-PV.
Posible daño al Medio Ambiente
Entre las denuncias sindicales a la Fiscalía se incluye la de declarar «zonas de reserva aquellos puntos urbanos donde no existe fauna, de manera que acaba ejerciéndose sobre la fauna cinegética una presión excesiva».
La Ley de Caza 2014 señala como «infracción muy grave» cazar sin tener el PTOC actualizado. CGT-PV, además, incide en que Medi Ambient «no comunica los PTOC aprobados a los agentes medioambientales, ni organiza, ni coordina servicios de control de caza para estos funcionarios».
En el escrito se recordaba a la Fiscalía que la normativa autonómica establece que la conselleria competente «declarará como zonas suspendidas de aprovechamiento cinegético los cotos mientras no tengan aprobado el proyecto de ordenación o plan técnico de aprovechamiento cinegético».
En su argumentación, argumentan que un plan técnico mal diseñado «puede tener unos efectos perjudiciales para el medio ambiente, por lo que no ofrece ninguna duda de que estamos ante un supuesto, el de la actividad cinegética, sin planificación como exige la ley, que puede dañar el medio ambiente».
Un informe emitido en su día por la Abogacía de la Generalitat consideraba que el sentido del silencio administrativo «tenía carácter desestimatorio», pero conselleria esgrimió otro informe en sentido contrario, este elaborado por la Dirección Territorial.
La segunda opinión de la Abogacía, solicitada por el departamento de Elena Cebrián, mantiene la línea del primero. Conselleria respondió a los sindicatos que se había cubierto el puesto de trabajo que iba a permitir supervisar y aprobar las planificaciones pendientes, «aunque sin intención de suspender la actividad donde no están aprobados». Medi Ambient siempre había argumentado que la falta de personal técnico impedía el estudio y revisión de los planes presentados, y por tanto darles luz verde de forma expresa.
