La ruptura de una relación sentimental no es tarea fácil para las partes implicadas. Aunque es sabido que un buen divorcio es mejor que un mal matrimonio, esta situación no es nada deseable para la pareja, que ve cómo su proyección de vida se quiebra y sus idílicas expectativas se ensombrecen. Los hijos suelen ser las grandes víctimas y en ocasiones sufren daños colaterales en una situación inestabilidad.

Por esto, los expertos aconsejan a los padres que prioricen al bienestar de los menores y negocien una solución que les beneficie en todo momento. Es ahí donde emerge la figura de la custodia compartida.

La concesión de este procedimiento tras los divorcios ha aumentado un 53,38 % en los últimos cinco años en la Comunitat Valenciana. Este régimen, en el que el padre y la madre se reparten por igual el cuidado de sus descendientes, está avanzando a grandes pasos por la modificación en la doctrina de los jueces, las leyes autonómicas y el cambio de mentalidad de la sociedad.

Así, en 2017 el 22,28 % de los divorcios de matrimonios con hijos en la Comunitat Valenciana (2.494 de un total de 11.191) acordó repartir de forma equitativa los cuidados y atenciones diarias que requieren los menores, casi 8 puntos más que en 2013, cuando la custodia compartida se daba solo en el 14,29 % de los casos.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que en 2017 la custodia de los menores de edad se otorgó a padres y madres por igual en 2.494 casos, mientras que la madre la obtuvo en 3.108 ocasiones y el padre solo en 280.

Si se analiza la evolución desde 2013, los datos reflejan un notable aumento puesto que durante ese año solo se aprobaron 1.626 custodias compartidas. Aunque este concepto se está abriendo paso a gran velocidad, lo más frecuente sigue siendo que tras el divorcio, los hijos permanezcan con uno de los progenitores -generalmente la madre- mientras que para el otro se fije un régimen de visitas periódicas.

València, la tercera de España

En el ranking nacional de custodias compartidas por provincias, València (1.397 en 2017) ocupa el tercer lugar, por detrás de Barcelona (2.995) y Madrid (1.576), y por delante de Alicante (819). En la cola se encuentran Melilla, Segovia, Soria, Zamora y Ávila con menos de una veintena de procedimientos. Castelló registra 278.

Lucía Cortés es una madre valenciana con una custodia compartida aprobada y considera que la prioridad es mantener una buena comunicación con la expareja y alcanzar acuerdos consensuados. «Cada uno se hace cargo económicamente el tiempo que está con los niños. Los gastos extraordinarios se dividen al 50 %, mientras que los ordinarios dependen de la nómina de cada uno», explica.

En su caso, lamenta que sus hijos no se han adaptado bien a esta situación por la mala relación con su exmarido, por eso, insiste, «lo importante es que los padres se lleven bien e intenten tomar las decisiones pensando únicamente en el beneficios de los hijos».

La vivienda, el principal problema

Paco Rodríguez, portavoz de la Asociación Padres y Madres en Acción (Pamac), asegura que en un divorcio el principal problema es la vivienda . En su opinión, España debería fijarse en países como Suecia donde existe liquidación de bienes gananciales de forma automática como punto de partida para que, posteriormente, el juez valore si lo puede llevar a la práctica.

Rodríguez también recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido que el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales y que introduce a su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable, pierde el derecho a disfrutar del uso de esa casa.

Según Pamac, en la custodia compartida la ley no señala plazos para la alternancia. La periodicidad puede ser semanal, mensual, trimestral o anual. Incluso cada día. Todo depende de los acuerdos que alcancen los padres y del mejor interés de los menores, según la valoración del Ministerio Fiscal y de los jueces de familia.

La asociación opta preferentemente por el mutuo acuerdo de las partes, la guarda y custodia alternativa de los hijos y por la liquidación de los bienes gananciales desde el mismo momento de la ruptura.

Tal como manifiestan los abogados del bufete Garón, la ley permite al menor que sea oído pero su opinión no es vinculante al no contar con la madurez suficiente como para decidir sobre si mismo. Por esto, añaden que «la situación más idónea para primar el bienestar de los menores y mantener a salvo su equilibrio emocional, es aquella en la que existe un domicilio familiar principal, donde los menores estén instalados, siendo los progenitores los que realicen los cambios y con periodos temporales de larga duración».

Para los expertos y los padres consultados la mejor opción es que los menores continúen su vida con normalidad sin añadir a la ruptura familiar el cambio de domicilio. Tras el divorcio, se recomienda a los padres vivir cerca el uno del otro para facilitar que los hijos continúen su vida sin mayores complicaciones: acudir al mismo centro escolar, relacionarse con las amistades de siempre y participar en similares actividades extraescolares y sociales.