La titular del Juzgado de Instrucción 5, que investiga las presuntas irregularidades en la visita del Papa a València en julio de 2006, ha supendido «sine die» las declaraciones de los ocho investigados en la causa abierta en 2016, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos.
El aplazamiento se ha producido a petición de seis de los diez investigados y va acompañado de la práctica de más diligencias de investigación, entre las que se incluyen, según ha podido saber este periódico, la petición de diversa documentación a la Generalitat. Únicamente se mantienen las declaraciones de un interventor y un inspector de la UDEF.
El retraso de las citaciones evita a los máximos responsables de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf) que aún siguen vivos protagonizar el paseillo para declarar en fase de instrucción en calidad de investigados.
Entre los citados a declarar a partir del 15 de enero se encontraban el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, el obispo auxiliar y presidente de la FVEMF, Esteban Escudero, el secretario del Patronato de la fundación y exvicepresidente del Consell, Víctor Campos; el entonces conseller de Agricultura, Juan Cotino; junto a los comisionados de la Fundación, el entonces secretario del Arzobispado, Antonio Corbí, y el exconcejal y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, además de la exalto cargo del Consell, Henar Molinero, que también ejercía de secretaria de la Fundación.
En esta causa también están imputados dos de los exgerentes de Vaersa, Enrique Simó y Felipe Espinosa, por la documentación obtenida durante los registros en la empresa pública en las causas en las que ambos fueron condenados y que presuntamente demostraba la «barra libre» de la que disfrutó la Fvemf con cargo a los fondos públicos en la organización del evento.
Sólo la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamientos Energéticos SA) gastó 850.000 euros en los preparativos de la visita pontificia, aunque sólo facturó 519.000 euros a la FVEMF. Una deuda que no se llegó a pagar porque la Generalitat la asumió para poder liquidar la fundación de la visita papal en 2012. Los otros 300.000 euros también se perdieron en el limbo administrativo.
La comparecencia del obispo auxiliar ante la jueza el próximo 15 de enero suponía la primera ocasión en la que un miembro de la curia tenía que acudir a declarar como investigado en una causa de corrupción. La causa de la visita del papa investiga los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude a la administración, según la Fiscalía Anticorrupción.
Las citaciones ahora anuladas se habían producido después de meses de trabajo soterrado de la jueza y la Fiscalía Anticorrupción que han recopilado y analizado documentación sobre la fundación creada para organizar la visita del papa, que no pudo liquidarse hasta el año 2014 por los 4,9 millones de euros en deudas que mantenía, según reveló un informe de la Intervención elaborado en enero de 2016.
En el epicentro de esta causa se encuentran los 11 contratos suscritos por la Fvemf con otras tantas empresas para el suministro del altar, las mochilas del peregrino, los sanitarios químicos, los alojamientos, la publicidad o la difusión del evento.
