El juez del caso Taula rastrea en la pieza G que investiga las irregularidades en adjudicaciones de la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA) las obras de colegios adjudicadas directamente por la Conselleria de Educación entre los años 2004 y 2007. También ha recabado información sobre las adjudicaciones de «otras infraestructuras no estrictamente relacionados con centros educativos».
La sorpresa ha saltado cuando el juzgado de Instrucción 18 de València ha recibido un informe de la empresa pública Ciegsa en el que revela la adjudicación de 17 «infraestructuras» variadas por toda la geografía valenciana. Se trata de nueve «escoles de la mar» en Teulada, Torrevieja, Peñíscola, La Vila Joiosa, Burriana, Piles, Sagunt, València y Cullera».
También de tres escuelas de teatro en Manises, Novelda y Crevillent; dos escuelas de la música (o casa de la música) en Venta del Moro y Cox (incluyó auditorio); dos centros de tecnificación deportiva en Alicante y Vila-real y un albergue juvenil en Benicàssim.
La información es relevante porque uno de los testigos de la causa declaró en una declaración en sede judicial que «antes de la adjudicación formal [de los contratos de colegios], desde Presidencia [de la Generalitat] reclamaban un listado de las empresas que resultarían adjudicatarias tras la valoración de los distintos criterios», aseguró a los investigadores.
Otro extrabajador de Ciegsa también confirmó que «Presidencia solicitaba el listado de los adjudicatarios de los contratos una vez baremadas las ofertas, pero sin formalizar la adjudicación». Cuando el listado volvía de Presidencia a Ciegsa «en ocasiones, en el listado de los adjudicatarios venía cambiado el orden de las empresas».
Los agentes del grupo de delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil preguntaron al testigo qué se hacía cuando venía una empresa cambiada. «Supongo que se cambiaba la baremación para conseguir que resultara adjudicataria», declaró.
El periodo de las adjudicaciones que se rastrea corresponde a la etapa de Esteban González Pons como conseller de Educación (hasta agosto de 2004), que fue sucedido por Alejandro Font de Mora (en Educación desde 2004 hasta 2011).
Pide imputar a varios arquitectos
Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se cite como investigados a dos de los arquitectos que avalaron los sobrecostes en el IES Cabanyal que alcanzaron los cinco millones de euros. «La participación de dichos técnicos es esencial para que posteriormente se aprueben dichas obras por parte de Ciegsa». El Ministerio Público también reclama que se cite como investigados a los representantes legales de la empresa constructora BM3, adjudicataria del IES Cabanyal.
