Miguel Lopez será juzgado por un jurado popular por el asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM y muerta de dos disparos a bocajarro el 9 de diciembre de 2016 en las instalaciones del concesionario de coches que el acusado, natural de Benetússer, tenía en Alicante. El juicio se celebrará tras acordar el juez José Luis De La Fuente continuar con el procedimiento abierto por el crimen.
El auto acaba de ser notificado a las partes y coincide con el día en que el acusado comparece semanalmente a firmar en el juzgado, una medida cautelar que estableció el juez tras acordar la libertad bajo fianza en marzo del 2017. El mismo juez que ahora acuerda el enjuizamiento de López decretó su libertad provisional tras pasar 39 días en la prisión de Fontcalent.
El magistrado precisa que "ha de reiterarse que se entienden como indicio incriminatorio las ya reiteradamente referidas notorias lagunas e incongruencias apreciadas en las declaraciones del acusado respecto a sus movimientos posteriores a abandonar el lugar de los hechos tanto respecto a su crucial llegada a su domicilio (...) como en el posterior acceso al domicilio de su cuñada a un paso que se puede ver rápido o a la carrera". El instructor rebate los argumentos de la defensa a la que responde que no puede compartir que los indicios que sustentan la acusación sean, como mantiene esta parte, por "mero descarte".
El juez De La Fuente considera "de escasa consistencia" el intento de la defensa de mantener que terceras personas podían resolver el conflicto empresarial que mantenía en guerra a la familia Sala considerado el móvil del crimen.
En el auto en el que el magistrado acuerda la apertura del juicio el magistrado deja constancia del clima de crispación que existía en la familia por el control de la mercantil Samar Internacional, motor económico de la familia. El instructor se refiere en concreto al testamento del expresidente de la caja Vicente Sala donde legaba la acción de oro. o lo que es lo mismo, el control de la empresa, a su mujer " con una sustitución ideocomisaria a favor de su hijo Vicente" y cita que la "crisis de relaciones familiares y sociales" fue ahondándose en los meses siguientes, de lo que hay pruebas en los whatsapp encontrados en el teléfono de la fallecida y remitidos por todos los hijos de las tres hijas de la fallecida.
El juez concreta que "a la constatación de la existencia del móvil económico, no se trata de establecer que la acción objeto de la acusación obedeciera a una lógica incontestable de riego/ beneficio olvidando la existencia de frenos sociales y morales a la acción delictiva, sino de si pudieron constituir motivación que subjetivamente moviera a su ejecución por entender desde una óptica personal que era la única manera de superar lo que se apreciaba como una situación sin salida".
Y agrega que "de los mensajes de whatsapp extraídos del teléfono del acusado se desprende una lógica y firme alienación con la posición e intereses representados por su esposa ( la hija menor de la víctima) sin que resulte minimamente creíble la ausencia de interés a dicha posición que sostuvo en su declaración o que se pretende por la defensa construir sobre el mero dato del régimen económico bajo el que se contrajo el matrimonio (separación de bienes).
Miguel López se enfrenta a una petición de pena por parte tanto de la acusación pública tanto como de la particular, que se ejerce en nombre del hijo mayor de la fallecida, a una petición de más de 24 años de cárcel por los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas. El juicio podría celebrarse antes de finalizar este año y será un jurado popular quien decida si Miguel López mató de dos disparos en la cabeza a su suegra el 9 de diciembre de 2016.
