La reforma del modelo urbanístico valenciano heredado de los tiempos de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo era una de las aspiraciones del Pacte del Botànic. Ha costado casi cuatro años, pero las Corts han aprobado finalmente esta mañana la modificación de la Lotup, que busca revertir aquel modelo e implantar uno que tenga entre sus objetivos la concepción del urbanismo como servicio público.

La consellera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Maria José Salvador, asegura que la nueva ley recoge la función social del urbanismo sostenible que respeta el entorno y el paisaje, superando el modelo especulador y depredador. Entre las novedades destaca que el crecimiento de los municipios ya no podrá ir por libre, sino que deberá estar consensuado con la Generalitat. La consellera asegura que la Generalitat afronta en estos momentos en los juzgados mil millones de euros en demandas de responsabilidad patrimonial por PP por deficiencias en la tramitación de los programas urbanísticos.

El PP ha asegurado que en la tramitación se ha arrinconado a esta formación, que se ha "estropeado" la ley urbanística anterior y que el resultado ha sido un auténtico Frankestein, aunque finalmente se ha abstenido en la votación.

Podemos asegura que la Comunitat Valenciana cuenta con 400.000 viviendas vacías, miles de diseminados y familias enteras sin acceso a la vivienda. En opinión del diputado Antonio Montiel, la Comunitat Valenciana es "refeferente del desorden y el pelotazo", pero ve necesario llegar aún más lejos en materia urbanística en la próxima legislatura. Compromís y PSPV han defendido la reforma.

Ciudadanos, que se ha opuesto, asegura que el Consell Jurídic Consultiu ha puesto pegas a algunas de las directrices de la nueva Lotup. La formación naranja asegura que en absoluto se trata de una ley modernizadora.

La consellera Salvador ha asegurado que la mala gestión anterior "nos ha dejado un territorio plagado de PAI's fantasmas e innumerables. Entre las novedades que destaca Salvador aparecen el refuerzo de la gestión directa pública del urbanismo por las administraciones y la limitación de las facultades de la gestión indirecta privada para planificar y reclasificar terrenos.

Además, se busca evitar que el urbanismo se haga a golpe de intereses económicos y particulares y, por eso, se elimina la posibilidad que existía de pasar nuevos terrenos de no urbanizables a urbanizables por parte de la gestión indirecta de empresarios particulares. También quedan limitados los incrementos de edificabilidad o los cambios de uso predominantes en las modificaciones del planeamiento tramitados a instancia de particulares. En opinión del Consell estos han sido unos de los instrumentos especulativos más utilizados en etapas anteriores para facilitar los abusos de los agentes urbanizadores privados.

El Consell pretende evitar los "pelotazos" urbanísticos que tanto han dañado la imagen de la Comunitat Valenciana e intereses económicos de los valencianos, añade Salvador.

La modificación de la Lotup incorpora, según la conselleria, una nueva figura con el nombre de Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES) que tendrán como objetivo la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales de interés general y estratégico, de relevancia supramunicipal.

Respecto a los centenares de PAIs fantasma que existen en la Comunitat Valenciana se abren ahora dos posibilidades. Para los PAI que comenzaron y pueden ser viables se opta por dividir los sectores en unidades de ejecución más pequeñas para poder ejecutar la actuación con más tiempo y ampliar el plazo para la ejecución a 10 años.

Para los PAIs antieconómicos y reversibles se podrá realizar una reparcelación inversa para que los terrenos vuelven a la situación jurídica anterior y, por tanto, quitar cargas a los propietarios.

Respeto a las viviendas diseminadas la novedad principal es que la orden de minimización de impacto se podrá hacer de manera individual y no necesariamente con un Plan Especial que limitaba las posibilidades. Además podrán acogerse a esta regularización, cumpliendo los requisitos, todos las viviendas diseminadas, independientemente de si tienen o no abierto un expediente abierto, siempre que hayan sido finalizadas antes de 2015.