La reforma del modelo urbanístico valenciano heredado de los tiempos de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo era una de las aspiraciones del Pacte del Botànic que aún seguían pendientes.
Ha costado casi cuatro años, pero las Corts aprobaron ayer, a poco más de cuatro meses de las elecciones autonómicas, la modificación de la Lotup, la ley urbanística de los tiempos del PP. El objetivo es revertir aquel modelo e implantar uno que tenga entre sus objetivos la concepción del urbanismo como servicio público.
La consellera de Vivienda y Ordenación del Territorio, Maria José Salvador, asegura que la nueva ley recoge «la función social del urbanismo sostenible que respeta el entorno y el paisaje y supera el modelo especulador y depredador».
Entre las novedades destaca que el crecimiento de los municipios ya no podrá ir por libre, sino que deberá estar consensuado con la Generalitat.
Además, la ley nace en un momento en que los juzgados aún tramitan unos mil millones de euros en demandas de responsabilidad patrimonial por deficiencias en la tramitación de programas urbanísticos en los años del PP.
Durante el debate, la diputada popular Elisa Díaz aseguró que en la tramitación se ha arrinconado a su formación y que el Botànic ha «estropeado» la ley urbanística anterior y que el resultado ha sido un auténtico Frankestein, aunque finalmente los populares se han abstenido en la votación. Ciudadanos, que ha votado en contra, asegura que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha puesto pegas a algunas de las directrices de la nueva Lotup y la formación naranja asegura que en absoluto se trata de una ley modernizadora.
En opinión del diputado Antonio Montiel, la Comunitat Valenciana ha sido refeferente del «desorden y el pelotazo», pero ve necesario llegar aún más lejos en materia urbanística en la próxima legislatura. Compromís y PSPV defendieron la reforma del Consell.
Entre las novedades aparece el refuerzo de la gestión directa pública y se elimina la posibilidad que existía de pasar nuevos terrenos de no urbanizables a urbanizables por parte de la gestión indirecta de empresarios particulares.
También quedan limitados los incrementos de edificabilidad o los cambios de uso, uno de los instrumentos especulativos más utilizados en etapas anteriores.
