El Tribunal Supremo ratificó ayer la sentencia del caso Terra Mítica, el primer gran caso de corrupción que estalló durante el gobierno del PP, a finales de los años 90.
El alto tribunal mantiene las penas a los principales cabecillas de esta trama organizada de dieciocho empresarios y dos exdirectivos del parque temático que, a través de una compleja red de facturas falsas, estafaron 6,3 millones a la Hacienda Pública y causaron un perjuicio de 1,3 millones de euros a Terra Mítica durante su construcción.
El fallo del alto tribunal supone un aval al trabajo realizado por los magistrados de la sección quinta de la Audiencia de València (Begoña Solaz Roldán, Isabel Sifres Solanes y José Luis Rubido de la Torre), las fiscales Carmen García Cerdá y Ángeles Martínez Marzal y el magistrado del Juzgado de Instrucción 3, Francisco Silla, materializado en la primera sentencia condenatoria, hecha pública el 27 de abril de 2016.
Sólo dos empresarios consiguen librarse de la condena inicial de la Audiencia de València: Alicia García Abad (esposa del ingeniero José María Arraiz Cid, condenado a cuatro años y cuatro meses de cárcel) absuelta porque su participación en la facturación falsa fue testimonial. El Supremo también ha absuelto a Vicente Fernández Gallardo, porque considera veraces las facturas de su empresa incorporadas a la causa.
El alto tribunal también mantiene la absolución de los altos directivos del parque absueltos en primera instancia: Luis Esteban y Miguel Navarro, porque se consideró que desconocían la trama organizada de facturación falsa. Al parque temático, defendido por la letrada de Garrigues Teresa Fernández Mateo, el Supremo también se le considera perjudicado por la trama.
El Supremo, al igual que la Audiencia, carga las tintas en los dos exdirectivos del parque temático, Justo Valverde y Antonio Rincón. Valverde -ex cuñado de Zaplana, licenciado en Derecho y coronel del Ejército del Aire- fue director de contratación y financiero de Terra Mítica. Fue condenado por un delito de estafa y falsedad en documento mercantil al haber consentido contratos «verbales» y dar el visto bueno al pago de las facturas, fallo que ahora ha ratificado el Tribunal Supremo.
Antonio Rincón, ingeniero de caminos contratado como director técnico de Terra Mítica para «jalear» a las constructoras, «realizó múltiples propuestas de gastos millonarios a favor de las empresas de la trama (...) Era él el que, maliciosamente, proponía el gasto y daba el visto bueno a las mendaces facturas», por lo que también se le mantiene la condena a 5 años y 10 meses por un delito de estafa y falsedad documental.
Respecto a los empresarios que conformaron la trama de facturas falsas, la mayoría de las penas también han sido ratificada por el Supremo. Antonio Vicente Moreno Carpio deberá cumplir 46 años y medio de cárcel por defraudar a Hacienda en el IVA y el impuesto de sociedades a través de las empresas Altos del Carrichal, Escoto, Ecyser o colaborar en la facturación falsa de C-3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL, una de las empresas de otro de los condenados, Vicente Conesa.
En número de años sigue a Moreno Carpio el empresario José Luis Rubio Sánchez, condenado a 41 años por el Supremo, y que llegó a implicar a su hijo en la trama, aunque este ya fue absuelto por la Audiencia de València porque se le implicó sin su consentimiento.
De Moreno Carpio y Sánchez tanto la Audiencia de València como el Supremo consideran que «formaban una suerte de grupo empresarial» que orquestó la trama de facturas falsas a través de un entramado de empresas con «tres niveles de facturación». Las condenas de veinte y quince años a otros dos hermanos Moreno Carpio también han sido ratificadas por el Supremo.
También se mantiene la condena de 23 años y 10 meses impuesta por la Audiencia el empresario Vicente Conesa Fernández-Vítora a quien los magistrados consideran «una suerte de factótum» que hacía y deshacía desde la inexistente «Gerencia de Jardinería» de Terra Mítica.
La mujer de Conesa, Matilde Ripoll, condenada inicialmente a 23 años y 4 meses de cárcel sí logra que el Supremo rebaje a 9 años y 6 meses la condena por delitos contra la Hacienda Pública. Los dos hijos del matrimonio, condenados a título lucrativo, también han sido absueltos por el Supremo.
