Las conclusiones de la comisión de investigación de las actuaciones de la empresa pública Ciegsa se aprobarán en puertas de la campaña electoral.
El pleno de las Corts Valencianes dio luz verde ayer con los votos de PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos a la ampliación hasta el día 28 de enero del plazo para que se presente el dictamen de la comisión que indaga sobre la gestión de la empresa destinada a la construcción de colegios, creada en tiempos del PP pero que se mantiene activa ahora con el Botànic.
Esa petición de ampliación del período máximo (la cuarta desde que comenzó la legislatura) es vista desde las filas populares como una estrategia para que las conclusiones se conozcan al final de legislatura y con la campaña electoral prácticamente en la calle.
Sería algo así como la traca final de las comisiones de investigación a la gestión de los populares en un caso que enlaza directamente con Taula y que afecta a importantes cargos de la era popular. Ello permitiría a los partidos de izquierda poner de actualidad un importante caso de corrupción de los populares en el que se investigan sobrecostes en la construcción de colegios de mil millones de euros en plena campaña.
Llegará al mes de marzo
Si el dictamen se aprueba a final de mes como ayer se aprobó, lo normal es que llegue a pleno en febrero o marzo, mes en el que se disolverán las Corts Valencianes para el inicio de la campaña electoral. Los populares creen que el tripartito busca alargar los plazos por puro interés electoralista.
Pero la portavoz de Compromís en esa comisión, Belén Bachero, niega la mayor. Asegura que si se han realizado ya varias ampliaciones de los plazos de la comisión ha sido porque han aparecido nuevas informaciones que han obligado a pedir más documentación y a realizar más trabajos de investigación, como por ejemplo en el caso de los trabajadores zombies que tenía Ciegsa, donde se han conocido informaciones que ampliarían esa cifra a 11 y también las relacionadas con varios institutos como el del Cabanyal donde también se han conocido posibles irregularidades.
Bachero asegura a Levante-EMV que ya se está dando forma al dictamen con las conclusiones y niega cualquier interés electoral en dilatar los plazos.
El próximo 10 de febrero se van a cumplir tres años desde que el pleno aprobó la creación de la comisión, aunque los trabajos empezaron siete meses después.
El parlamentario del PP José Juan Zaplana responde que todo el proceso «ha sido irregular». Zaplana afirma que los trabajos de la comisión concluyeron el 4 de junio de 2018 y el dictamen debía estar elaborado el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, días antes a esta fecha se solicitó una ampliación de plazo hasta el 28 de octubre que el PP aceptó, así como una segunda hasta el 29 de noviembre para que no se les acusara de poner obstáculos. Con la tercera prórroga hasta el 28 de diciembre se negaron y ante la cuarta, aprobada ayer, pusieron el grito en el cielo. La propia Isabel Bonig aseguró semanas atrás que estaba convencida de que era una estrategia contra su partido.
