El Gobierno ha decidido aplazar la polémica obligación de que los alumnos de FP y universitarios en prácticas sean dados de alta y coticen a la Seguridad Social, derivando el pago a las empresas o centros públicos previo convenio.
La medida, incluida en el decreto del Ministerio de Trabajo publicado en diciembre de 2018 y cuya entrada en vigor afectaba a este curso académico, ha quedado aplazada tras el acuerdo alcanzado en la última reunión mantenida con los rectores.
Gobierno y rectores han pactado que la cotización de prácticas universitarias y de alumnos de FP no sea obligatoria hasta el próximo curso, además de que se va a seguir negociando para que el desarrollo del decreto contemple exenciones de pago, de forma que su carga económica no recaiga en los centros públicos.
Ambas instituciones coinciden en la necesidad de regular las prácticas para evitar el abuso de equiparar algunas prácticas de becarios con un trabajo sin remuneración. El Gobierno y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) posponen así la entrada en vigor de la medida que obliga a darles de alta a todos estos alumnos.
Fuentes de la Universitat de València consideran «muy positiva el clima de diálogo» mantenido por el ministerio para tratar el tema, y reafirmaron la posición de la UV «en favor de la puesta en valor y reconocimiento integral, incluyendo en términos de Seguridad Social, del sistema de prácticas».
No obstante, insistieron en que es necesario un plazo de tiempo para ver «cómo hacerlo y quién lo paga», ya que si asumieran el coste las empresas «podría tener efectos negativos en la oferta de prácticas» y si lo hicieran las universidades, «se abriría un boquete con la financiación actual que reciben», incidieron. Asimismo, recordaron que los programas de prácticas en muchos casos se convierten en un primer paso para la incorporación profesional.
