El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha abierto una actuación de oficio por el "incumplimiento generalizado" de los plazos legales para emitir la resolución del grado de discapacidad ya que, según ha informado este organismo en un comunicado, las quejas presentadas por la ciudadanía sobre esta cuestión "se han triplicado", al pasar de 60 en 2017 a 192 el pasado año.

Por esta razón, el defensor ha decidido iniciar esta investigación de oficio. De los expedientes de queja tramitados por el Síndic se desprende que, en algunos centros de valoración, "las demoras llegan a superar los 16 meses, cuando se trata de un procedimiento considerado de emergencia ciudadana y su resolución no debería tardar más de tres".

Asimismo, añade que la propia Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "reconoce estos retrasos en la resolución de expedientes, tanto en valoración inicial como de revisión de grado dediscapacidad", de acuerdo con los informes remitidos por este departamento al Síndic durante la tramitación de las quejas en este último año.

La Administración achaca los retrasos al "elevado número de solicitudes recibidas en relación con los medios existentes en losdistintos centros de valoración".

Sin embargo, Cholbi explica que esta respuesta "no termina de satisfacer al defensor, quien considera que se están provocando graves perjuicios a las personas con discapacidad que ven demorado el reconocimiento de sus derechos y el acceso a determinadas prestaciones".

Además, subraya que algunas de estas ayudas y beneficios -por ejemplo para acceder al empleo público o a la Universidad, deducciones fiscales, etc- "no tienen prevista su aplicación retroactiva, lo que obligaría a los afectados a iniciar trámites más complejos".

En esta línea, apunta que diversos colectivos de profesionales de la Conselleria de Sanidad han mostrado su "preocupación" ante el Síndic "por falta de coordinación entre estos y los profesionales de los centros de valoración y orientación de la discapacidad de la Conselleria de Igualdad".

Por todo ello, el Síndic se ha dirigido a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para solicitar información "pormenorizada y conocer el número exacto de solicitudes de valoración que tuvieron entrada durante los tres últimos años (2016-2018), de solicitudes resueltas y pendientes de resolver durante ese periodo, así como el número de centros de valoración de discapacidad existentes en la Comunitat Valenciana y de profesionales que conforman los equipos de valoración en cada uno de los centros".