Según indican desde la CAT, el matrimonio compró la vivienda en un préstamo hipotecario en un banco ya desaparecida. El préstamo fue vendido a otro banco para «conseguir liquidez». En el proceso de subasta se obtuvo un sobrante de 65.000 euros que el fondo de titulación debería devolver al matrimonio en caso de que se ejecutase el desahucio, a pesar de que Miguel continua figurando en el registro de la propiedad como el titular de la vivienda.
