La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València dispone de un equipo formado por abogados, mediadores y sociólogos para asesorar a las personas afectadas por un proceso de desahucio sobre los derechos reconocidos por la ley, ya sea por una situación de impago de las cuotas hipotecarias, de deudas del alquiler o de empleo. El servicio se denomina Sipho y ha atendido a 270 personas.
Entre las funciones de Sipho se encuentra, pues, negociar o intentar llegar a un acuerdo entre los dueños y inquilinos que no pagan el alquiler. Si el dueño es un particular «se pueden negociar un alquiler social». Sin embargo, si el dueño de la vivienda es un, banco «la respuesta es no». «De hecho, solo hay un banco que negocia alquileres sociales y es el Sabadell». Así lo aseguran desde el servicio municipal tras afirmar que el consistorio ha emitido informes sociales para la negociación con las entidades mediadoras de los bancos para la consecución de un alquiler social en 43 casos más.
«El problema con los bancos es que ni tan siquiera tienen un mediador. No sabes a dónde dirigirte, no encuentras interlocutor porque su argumentario es que no les interesa un alquiler social y ya está. A veces conseguimos hablar con el abogado que lleva el procedimiento de desahucio que es alguien diferente a quien debe negociar el alquiler social. Aunque las personas están en exclusión social, el banco no tiene obligación alguna. No hay ley estatal o autonómica que diga, de forma explícita, que cuando hay menores, o discapacitados o personas muy mayores en la vivienda no se puede ejecutar un desahucio. No hay ningún intrumento legal que prohiba desahuciar a personas vulnerables hasta que se consiga una solución habitacional», explican las mismas fuentes.
Un problema añadido
Además, desde el servicio ponen el foco en aquellas viviendas propiedad de un banco y ocupadas por vecinos. «Con las personas en exclusión social tenemos un problema añadido y es esa visión criminalizadora de las personas que ocupan una vivienda. El foco suele estar en la responsabilidad de las personas que ocupan una vivienda, desde un punto de vista penal. Pero al realidad es que viven así porque no tienen más alternativa», concluyen.
