19 de enero de 2019
19.01.2019

"El último año ha habido un aumento de desahucios que hay que frenar ya"

Varias asociaciones tratan de frenar el desalojo de un matrimonio de sexagenarios en el barrio valenciano de Benimaclet en riesgo de exclusión

18.01.2019 | 23:57
Una treintena de personas se congregan para pedir el «aplazamiento ya» del desahucio.

¿Dónde iría si un día le dicen que le van a quitar la casa en la que ha pasado sus últimos años por incapacidad de pago? Algunos deciden aferrarse a ella cuando ya se la han quitado okupándola, otros cogen la mano que les tienden amigos o familiares durante un tiempo, Rosario Planas no tuvo otra que trasladar su domicilio particular a cinco metros cuadrados, en un trastero donde malvivía con su hijo, de 33 años y con una discapacidad del 65 % por enfermedad mental. Sacaba su colchón hinchable al pasillo porque le era físicamente imposible desplegarlo en el cuadrilátero que alquilaba por 50 euros al mes. Hasta que la dueña les dio un ultimátum. Ahora viven en un hotel en el valenciano barrio de Torrefiel gracias a la solidaridad de los estibadores del Puerto, de la empresa de frutas San Lucar y del propio hostal a la espera de que la administración le otorgue una solución en forma de vivienda social.

«Los desalojos siguen vulnerando el derecho a la vivienda de quienes los padecen. El ritmo de desahucios sigue aumentando», indica José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «Ha habido un repunte», indica, «que hay que frenar ya». De hecho, según los datos ofrecidos por la PAH, en la C. Valenciana se han producido 5.986 lanzamientos hasta septiembre de 2018. El portavoz de la PAH asegura que la plataforma tiene previsto acudir al intento de paralización del desahucio de ocho familias en las próximas semanas.

El último intento se produjo ayer, en el barrio valenciano de Benimaclet, en el número 25 de la calle Hermanos Villalonga. Una pareja con más de 60 años, en riesgo de exclusión social, cuyos ingresos no superan los 300 euros mensuales. «Dejamos de pagar la casa porque era eso o dejar de comer», explica a este diario Miguel Arias.

Hoy respira tranquilo. La presión mediática, de la PAH y de la Comunidad de Activos Titulizados (CAT, quienes llamaron a la movilización para asegurar el derecho a la vivienda de esta pareja) provocó que la comisión judicial no acudiese al desahucio anunciado ayer para las 10.00 horas de la mañana. «Doy gracias a todos los que nos acompañaron y estuvieron al pie del cañón, que nos hayan arropado de esta forma nos devuelve la alegría que creíamos perdida, pensábamos que se trataba de la última mañana que pasábamos en el que ha sido nuestro hogar», indica Miguel.

Que la comisión no se presentase, sin embargo, no significa que el desahucio haya sido paralizado. La angustia que vivieron los últimos días esta pareja del barrio de Benimaclet volverá el lunes, cuando se tiene previsto un nuevo intento de desalojo.

«Lo que hacíamos era sobrevivir»

«Dejamos de pagar la vivienda en 2011 cuando ambos perdimos el trabajo», recuerda Miguel. La casa la compraron en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, tres años después de migrar desde Ecuador. Les costó 169.000 euros que fueron pagando en plazos de 1.100 euros al mes. «Era desorbitado, por eso pedimos en 2010, cuando vino la crisis, que nos bajasen la cuota a 800 euros», asegura. Un precio igualmente elevado que solo pudieron pagar durante un año. «Con unos ingresos de 400 euros al mes poco más podíamos hacer, lo que hacíamos era sobrevivir», reconoce Miguel. Él trabajaba en el campo, su esposa, Marcia Bedón, como pulidora en un taller de maderas de Picassent. En 2010 la despidieron y comenzó su pesadilla. «Las cartas que nos enviaban para que pagásemos la casa eran continuas, pero no teníamos otra alternativa», lamenta Miguel.

De hecho, el de ayer no ha sido el primer intento de desahucio que ha vivido esta pareja de Benimaclet. Hace dos años ya lo sufrieron, pero pudieron recurrir amparándose a la Ley 1/2013 que establece medidas de protección a deudores en riesgo de exclusión social o mayores de sesenta años (requisitos que cumplen a espuertas). Según esta, los afectados tienen derecho a una moratoria de su deuda hasta 2020, pero el plazo parece haber expirado sin explicación alguna.

«¿Dónde podríamos vivir? Cuando nos llegó el primer aviso de desahucio empezamos a buscar piso, una habitación aunque fuese para poder sobrevivir, pero no encontramos nada, los precios ya estaban inflados», denuncia Miguel. Reconoce que el banco que se está encargando del desahucio, el único que ofrece viviendas sociales antes de efectuar los desalojos, sí les ha proporcionado algunas opciones. El último, un piso en el barrio de la Torre «en unas condiciones inhabitables donde, además, vivía una familia okupa», indica Miguel, «nos daba miedo que pudiesen volver y nosotros vernos en la calle, no tenemos alternativa, hay que seguir peleando por nuestra casa».

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