Rosario Planas vivía en un trastero de cinco metros cuadrados porque no tenía otra opción. Se rompió el tobillo dos años atrás, dejó de trabajar en negro y de poder pagar el alquier y fue desahuciada. A sus 66 años se fue a vivir de okupa con su hijo (con una discapacidad del 66 % por enfermedad mental), su hija y su nieta de 14 años. Llegó una nueva orden de lanzamiento y se vio de nuevo en la calle. Vivió en la casa de un amigo de su hija en el barrio de La Coma (Paterna) y durmió unos días en el comedor en una vivienda que se convirtió, de la noche a la mañana, en una piso hacinado cual casa patera. Su hija y su nieta se quedaron allí. Ella alquiló un diminuto trastero por 50 euros al mes para no dormir bajo un puente, ni separarse de su hijo, que es el que le preocupa, el que ocupa sus pensamientos. «¿Y cuando yo no esté?». Eso es lo que le atormenta. Por eso pide una vivienda social. Y no es la única. Ni que vive en una infravivienda ni que pide una vivienda social. Como ella hay 307 solicitudes en el Ayuntamiento de València y ninguna vivienda social disponible. Cero.
Levante-EMV arrancó 2018, con los testimonios de dos familias que afrontaban el día de Reyes con una orden de desahucio prevista para febrero. Las dos tenían menores. El segundo mes del año se acerca y la orden sigue ahí, quitándoles el sueño. La primera familia está formada por una mujer española y un hombre argelino y dos niñas de 4 y 2 años. La segunda familia la forma una marroquí sin papeles y un bebé de poco más de un mes. Españoles y extranjeros, con papeles y sin ellos, viven el mismo drama. No hay vivienda social para nadie. Ni para españoles ni para extranjeros. No hay vivienda social porque el parque municipal se desmanteló hace años cuando se la política del consistorio centraba en comprar viviendas en el Cabanyal para ser derruidas y ampliar una avenida (Blasco Ibáñez) que con la entrada del nuevo gobierno ya no llegará al mar ni precisa de la compra de casas para tirarlas abajo. De hecho, según fuentes de la Concejalía de Vivienda, 200 viviendas del parque público pertenecen a las expropiaciones del PP en el Cabanyal «y están en proceso de reorganización y de rehabilitación para su disposición para alquiler social».
Más de 60.000 viviendas vacías
El Plan de Vivienda Municipal calcula que más de 60.000 viviendas están vacías en la ciudad. La cifra indiga a plataformas como la de Afectados por las Hipotecas (PAH) que hace años que hicieron suyo el lema «ni gente sin casa, ni casas sin gente».
Pero a pesar de los esfuerzos de ayuntamientos y conselleria -se han adjudicado 1.340 viviendas sociales en la Comunitat Valenciana durante esta legislatura, además de las que forman parte de los parques municipales de cada ayuntamiento- el problema habitacional es una realidad que asfixia a miles de familias.
El estudio de 2018 del Síndic de Greuges sobre la situación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana afirma que «en 2015 había 7.100 hogares que se encontraban en el límite de la pobreza en vivienda y que, ante cualquier cambio negativo en las condiciones económicas, podrían requerir de apoyo público de inmediato, frente a una disponibilidad de 3.500 viviendas». Requerir apoyo inmediato significa verse en la calle sin lugar donde meter las pertenencias y sin techo. Y esta situación se produce por unas órdenes de desahucio que no cesan. Con niños y sin niños. Con personas con discapacidad y sin ella.
La PAH lo ve a diario. Unas veces consigue paralizar el lanzamiento por un tiempo, pero la agonía no cesa porque la maquinaria sigue en marcha. La Administración ha hecho lo propio con oficinas y servicios de mediación para evitar que la gente se quede en la calle cuando no hay alternativa habitacional pública. Pero la maquinaria funciona y la Comunitat Valenciana se encuentra en las primeras posiciones del ranking de desahucios desde hace años.
Los últimos datos de desahucios en la Comunitat Valenciana se publicaron en diciembre de 2018 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirmaban que en el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) 893 familias se quedaron sin casa o por impago de la hipoteca o del alquiler en la Comunitat Valenciana. Solo en tres meses. Por ello, tanto el Ayuntamiento de València como la Conselleria de Vivienda trabajan en una serie de ayudas de prevención para evitar los desahucios.
El objetivo de estas oficinas es intentar una mediación -cuando el proceso ya está en el juzgado- pero, sobre todo, intentar evitar que el proceso de desahucio comience. Y es que, una vez el expediente está en el juzgado evitar el lanzamiento se torna imposible. Se gana tiempo, hasta que se emite una nueva orden. Y la maquinaria sigue en marcha asfixiando a las familias. Si la vivienda es de un particular el alquiler social puede ser una opción. Si la vivienda es propiedad del banco, la batalla está perdida y el desahucio llegará, antes o después.
Por ello, la Administración potencia las ayudas de emergencia, al alquiler, el pago de facturas de suministro eléctrico o los gastos de comunidad para evitar que un desahucio obligue a mujeres como Rosario, a vivir en un trastero.
