«No hay oferta en firme» y, por lo tanto, se sigue trabajando con la vista puesta en «agotar el contrato» suscrito en su día. Esta es la posición, a día de hoy, de la empresa de seguros DKV (socia mayoritaria de la gestora del área de salud de Dénia) ante el anuncio de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de que el acuerdo para que el departamento volviera a manos públicas se esperaba cerrar «más pronto que tarde».
La posición oficial de la empresa -que se ocupa del área de la Marina junto a Ribera Salud desde 2009- echa el freno a las prisas de la administración por cerrar un acuerdo sobre el que se lleva hablando toda la legislatura y que estaría cerca a tenor de las palabras de Barceló de la semana pasada.
En aquella comparecencia, la consellera aseguró que para finales de este mes o principos de febrero se querían cerrar las liquidaciones de esta área, que no se han hecho nunca y, con este trabajo se buscaría un acuerdo con DKV «más pronto que tarde», y cumplir así la promesa del president de la Generalitat, Ximo Puig, de que la sanidad valenciana recuperaría dos áreas de salud en esta legislatura: Alzira por fin de contrato y Dénia, en este caso, por la compra de las acciones de la UTE.
Ante las palabras de la consellera, desde DKV se insistió en que sí había habido contactos en estos meses pero, en estos momentos, no existía «oferta en firme» y, ante eso, no se podía trabajar con otro objetivo que agotar el contrato activo hasta febrero de 2024. Esa oferta «en firme» no llegará hasta que se cierren las liquidaciones (el ajuste las cuentas anuales entre administración y concesionaria) ya que son la única vía de la Generalitat para negociar. Si las liquidaciones de 2009 a 2018 del área arrojan un saldo positivo a favor de la administración, la conselleria tendría margen económico para adquirir las acciones y compensar a la empresa.
El resultado de las liquidaciones, sin embargo, está por ver sobre todo después de la última sentencia del Tribunal Supremo al respecto de las liquidaciones de Manises que rebajó las expectativas de cobro de la administración. Si la exconsellera Carmen Montón cuantificó en su día en 300 millones el dinero a ingresar del cierre de estos ajustes anuales, la sentencia del Alto Tribunal reducirá esta cifra.
Ribera Salud, el socio en minoría
DKV es, con el 65 % de las acciones la socia mayoritaria de la gestora de la Marina y ya había manifestado en diversas ocasiones su intención de abandonar la concesión tras las pérdidas registradas. Su socia en la gestora, Ribera Salud, no estaba sin embargo por la labor de perder en una misma legislatura la gestión de dos áreas, por lo que ha venido invocando su derecho a ejercer el derecho de tanteo y retracto sobre las acciones de sus socios.
La Generalitat había intentado limitar este derecho a través de la ley de sanidad en la que se da preferencia a la gestión directa y se limita al 40 % las acciones que cualquier persona o empresa puede tener «en más de un ente titular de un contrato de gestión» sanitaria en régimen de concesión.
