Una oficina en la Ciudad de la Justicia de València abierta 24 horas y donde las víctimas de violencia de género puedan presentar una denuncia ante policía y contar al instante con una atención integral por personal especializado social, jurídico y psicológico.
Este es en esencia el proyecto que la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, tiene ultimado y negociado con con el Ministerio del Interior y que en breve presentará a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La iniciativa, anunciada este verano, derivó en un encontronazo con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien acusó a Bravo de haber invadido sus competencias ya que la comisaría especializada solapaba un proyecto similar que ella defendía para el Centro Mujer 24 horas. Superada la bronca, el proyecto de Bravo está cada vez más avanzado y podría ser realidad en marzo.
La conselleria ya ha hecho llegar a los principales operadores jurídicos un documento para abrir una oficina de presentación de denuncias «exclusivamente en materia de violencia de género» e integrada por personal especializado.
Este espacio contaría con la colaboración directa del personal de la Oficina de Atención a Víctimas del Delito y de la unidad especializada en violencia de género del Instituto de Medicina Legal. Ello implica un espacio abierto 24 horas con presencia permanente de policía, letrados y psicólogos.
En suma, una atención integral como apoyó la semana pasada el presidente de la Audiencia de València, Fernando de Rosa, que a su vez ha impulsado una comisión provincial sobre violencia de género para coordinar todos los operadores jurídicos.
Según el documento, una vez presentada la denuncia ante agentes especializados y con asistencia letrada, antes de proceder a la evaluación inicial del riesgo, la víctima sería atendida por profesonales de la oficina de víctimas del delito y «si fuera necesario» por otros del Instituto de Medicina Leal.
El objetivo es que en el atestado se incorpore, junto a la evaluación inicial del riesgo (viogen) que realiza la policía, los informes de profesionales que asisten a la víctima. Precisamente, uno de los retos es lograr que la evaluación del riesgo se ajuste a la realidad.
En el proyecto se hace mención a las conclusiones del grupo de trabajo para la revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos, un informe que en su día dio a conocer la conselleria y que subrayaba las posibles grietas en la protección de las víctimas.
Una de las claves es integrar todos los recursos para que no haya desproporción entre el riesgo detectado y el real. Se apuntaba al hecho de que los órganos judiciales solicitan de forma muy escasa el informe de valoración de riesgos al Instituto Forense y esta valoración se centra solo en el que hace la policía cuando uno completa al otro al valorar la peligrosidad del victimario y la vulnerabilidad de la víctima.
Es a los juzgados a quienes les corresponde pedir este informe forense, pero el proyecto contempla que, en caso de ser necesario, personal forense de guardia se desplace a la Ciudad de la Justicia para valorar a la víctima.
