La investigación por cohecho contra el expresidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el piloto de motociclismo, Álex Debón, ha acabado por salpicar a los consejeros de la empresa pública Aerocas SL entre 2009 y 2014.
La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Castelló ha decidido citar a declarar, como investigados, a los exvicepresidentes del Consell Gerardo Camps (ahora diputado en el Congreso) y Vicente Rambla; al concejal en el Ayuntamiento de València, Eusebio Monzó (el único que había logrado librarse de la imputación del presunto pitufeo que se investiga en el Caso Taula) y los exaltos cargos de la Generalitat Victoriano Sánchez-Barcáiztegui (investigado en el caso de la Fórmula 1), Carlos Eleno y Cristina Serrano, entre otros.
Los hechos investigados son los pagos por valor de 3,6 millones de Aerocas SL presidida por Fabra a la empresa de Álex Debón, Motorsport 69 SL, «en concepto de patrocinio deportivo». Y otros 560.000 euros fraccionados en siete pagos que Debón abonó a Fabra por un supuesto préstamo. Ambos están siendo investigados por cohecho.
Una investigación que la jueza ha extendido al consejo de administración de Aerocas tras declarar Fabra en el juzgado que «las decisiones se tomaban colegiadamente por los miembros del consejo de administración de Aerocas». De hecho, los patrocinios a Debón se aprobaron por unanimidad en 2009, 2010 y 2011.
Sobre Gerardo Camps, Carlos Fabra aseguró a la jueza que tuvo «intervención directa y decisiva en los hechos». Debido a su condición de aforado por ser diputado en el Congreso, el Juzgado de Instrucción 3 de Castelló elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo que, por ahora, ha decidido no abrir un procedimiento contra él. Aunque sí da vía libre al juzgado para que cite «como investigado, a Gerardo Camps, si voluntariamente se presta a ello» y poder recabar indicios de delito contra él que «justificasen el envío de una nueva exposición razonada».
Tras la citación como investigado, el exconsejero de Aerocas Eusebio Monzó queda en una situación delicada. Su intención de formar parte de la lista de València de la candidata María José Català queda en entredicho, ya que la directriz del partido (así lo anunció) es que no haya investigados en las listas electorales.
No obstante, fuentes de la dirección popular no eran ayer tan contundentes y pedían prudencia y algo de tiempo para ver si el concejal era desimputado tras su declaración. Eso será no antes del 14 de marzo, con lo que puede tener un problema de tiempo para entrar en la lista local.
Con la investigación de Monzó, ya no hay excepciones: todos los ediles del PP en el ayuntamiento de la capital están imputados, como ayer destacó la portavoz y candidata del PSPV, Sandra Gómez.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también aseguró ayer en la Vall d'Uixó que el «nacimiento del aeropuerto de Castelló fue una historia para no dormir. Y ahora de lo que se trata es de que se asuman las consecuencias de carácter jurídico pero también las políticas. Nosotros hemos cambiado la dialéctica respecto al aeropuerto, porque queremos que sea una infraestructura favorable a la economía, al turismo y a todos los sectores que puedan ser beneficiados por esta infraestructura, pero desde la profesionalidad y sin intentar utilizar el aeropuerto, como se hizo en el pasado, para cuestiones que nada tenían que ver con el interés general».
