El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana (CES) ha solicitado al Consell una solución excepcional para los interinos e interinas de larga duración de la Generalitat con el fin de evitar que acaben en la calle si no logran superar las oposiciones que se pondrán en marcha este año.

El órgano consultivo ha hecho constar esta petición en el dictamen al anteproyecto de la futura ley de la función pública valenciana, en concreto en relación a la disposición que aborda los procesos de consolidación para el colectivo.

Tal como ha venido informando este diario, la Conselleria de Justicia y Administraciones Pública ha llegado un acuerdo con los sindicatos para publicar una amplia oferta de empleo

Sin embargo, las facilidades sólo pueden aplicarse en la fase de concurso, ya que previamente deben aprobar una oposición, que, además, está abierta a cualquier aspirante. Hace más de una década, la Generalitat puso en marcha un proceso de consolidación que permitió hacer fijos a muchos temporales, aunque en una cifra muy por debajo de lo que estimó ya que junto a interinos se presentaron aspirantes por libre e incluso funcionarios para promocionar.

El CES llama la atención sobre la alta tasa de temporalidad en la Generalitat (superior al 30 % en el ámbito de la Administración) como consecuencia de la tasa de reposición de efectivos y la falta de convocatorias de procesos de selección durante años.

El organismo propone incorporar en la ley una nueva disposición que recoja «un tratamiento excepcional al personal interino mayor de 55 años y con 15 al menos de servicios prestados que no supere los procesos selectivos y de provisión convocados durante el periodo de ejecución de las Opes de 2017 a 2020». Sería una suerte de ley de punto final que, si bien no los convertiría en funcionarios, sí les garantizaría seguir de por vida en sus puestos.

Concreta que estas medidas excepcionales consistirán en la «prioridad de este personal en las correspondientes bolsas de trabajo de manera que se garantice su permanencia en el servicio activo hasta su jubilación».

El CES añade que otras Administraciones están considerando situaciones excepcionales y planteando medidas correctoras, aunque no especifica cuáles. En la actualidad y en el ámbito de la Administración del Consell (conselleries) existe alrededor de unos 4.500 interinos, de los cuales, el grueso cumpliría la propuesta del CES ya que existe un envejecimiento importante de la plantilla.

Por otro lado, en su dictamen el CES considera que la Generalitat debería eliminar la posibilidad de prolongación de la edad de jubilación para personas con carreras de cotización completa que generen el derecho a pensión de jubilación integra.

«Esta propuesta posibilitaría una vía de relevo de estas personas ante un mecanismo laboral intensamente débil y un acceso a la función pública en claro retroceso, así como la reducción del envejecimiento de la plantilla de personal y el bloqueo de puestos de trabajo en las ofertas», apunta.

Por otro lado, el CES propone que la inspección de servicios, ahora competencia de Transparencia, pase a depender de Función Pública ya que considera que, al ejercer las funciones de control administrativo con capacidad sancionadora, la inspección debería estar adscrita a quien detenta las competencias de función pública, es decir, al departamento de Bravo.

Además, considera que la Escola Valenciana d'Administración Pública, una nueva figura contemplada en la ley, debería tener rango de ente de derecho público y no de dirección general. Así, el CES da la razón a Bravo en la disputa que en su momento tuvo con Transparencia. Cabe apuntar que el dictamen del CES, en el que está representado sindicatos y empresarios, no es vinculante.