La comisión de investigación sobre la contratación de la Generalitat en el marco de la Operación Taula ha llevado hoy a la cámara al exgerente de la Fundación Jaume II el Just, Vicente Burgos, que fue detenido en la operación y puesto en libertad con cargos. Burgos ha hecho un blindaje a su gestión asegurando que cumplían la legalidad y ha eludido asumir cualquier responsabilidad directa respecto a las adjudicaciones irregulares que se investigan en la fundación porque se sometía "a los dictámenes que adoptaba el patronato".

"Yo proponía al patronato las contrataciones, que seguían el procedimiento legal establecido", ha defendido Burgos, un régimen que respondía a criterios de economía y capacidad técnica.

Burgos se ha desmarcado de las acusaciones del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero" Marcos Benavent, quien dijo que Burgos era el conseguidor de empresarios para las obras de rehabilitación que ejercía la fundación sobre el patrimonio histórico valenciano y que se sospecha que podría haber comisiones ilegales. "Es absurdo" ha dicho Burgos, porque la fundación no podía "preestablecer" un objetivo oscuro de recaudación. "Otra cosa es lo que hiciera un pillastre; si hizo algo es lo que ha declarado en los juzgados", ha dicho Burgos en referencia a Benavent. "Estoy con la conciencia tranquila con mis decisiones", ha respondido al diputado de Ciudadanos Toni Subiela.

Burgos se ha explayado en culpar a Benavent de activar un ventilador "que salpique a todos" y los meta "en el mismo saco". Ha reconocido no tener capacidad para destituirle de las funciones (que no ha concretado) que tenía dentro de la fundación porque el exgerente de Imelsa no estaba bajo su responsabilidad, "sino del patronato".

Ha recriminado a los parlamentarios que en la fundación había miembros "de todos los colores políticos" y se contrató con empresas de todo tipo, entre las que ha reconocido que se trabajó con Cleop, una de las empresas que señaló Marcos Benavent. Todas las actividades se hacían "para el beneficio colectivo" y todas las demás acusaciones son "mandangas y tonterías".

En muchas ocasiones Burgos se ha tomado las preguntas de los diputados como "formas de injuriar", sobre todo en la acalorada discusión que ha mantenido con la diputada socialista Carmen Martínez, a quien ha pedido "respeto" con la calidad de investigado "y no condenado, porque no hay pruebas", ha recriminado Burgos.

"No era deuda, era déficit"

Preguntado por el agujero de 9 millones de euros de la fundación, el exgerente a defendido su gestión argumentando técnicas contables y asegurando que no es deuda, sino "déficit". "La fundación tiene un marco legal determinado, uno propio y otro el de las fundaciones" que regula el Ministerio de Hacienda. "No formaba parte del sector publico instrumental y sus presupuestos no eran públicos", ha asegurado, y ha aludido al cambio en la normativa estatal para justificar que las cuentas de la faundación Jaume II el Just no estuvieran fiscalizadas.

El diputado de Podemos David Torres le ha recordado que un informe de la Intervención y Abogacia de la Generalitat sí que incluyó la fundación dentro de las actividades del sector público. Directamente Torres le ha preguntado si la fundación fue creada para la financiación ilegal del PP, algo que Burgos ha negado y ha asegurado no saber "cuál era el propósito de los fundadores".

En el turno de Compromís, Fran Ferri, se ha interesado por la salida de Burgos de la fundación a petición de la consellera Trinidad Miró, quien cesó al gerente con una decisión "unilateral" y con "voces discrepantes" dentro del patronato según ha afirmado Burgos. La exconsellera declaró la semana pasada y también defendió que la ley "era un poco más laxa para las fundaciones que para la Administración".

El exgerente ha explicado que el déficit de 9 millones de euros se debió al crédito que se le concedió al ser un ente avalado por la Generalitat. "Era fácil conseguir créditos para su funcionamiento precisamente porque su financiación provenía directamente de los presupuestos generales", ha argumentado Burgos a preguntas del diputado popular Vicente Casanova.

El Partido Popular ha roto una lanza a favor de Burgos y ha recordado a los parlamentarios la sentencia del Tribunal Constitucional que cuestionaba la tarea investigadora de las Corts. Ha recordado a la diputada socialista que no hay que invadir las competencias de los tribunales y ceñirse "solo a los hechos", pero se ha acusado de "robar y malgastar" a la fundación gestionada por el PP. Un espectáculo "bochornoso", ha dicho Casanova.

González Pons comparecerá en marzo

En la comisión de investigación celebrada hoy estaba citado a declarar el exconseller y actual eurodiputado Esteban González Pons que no ha podido asistir por problemas de agenda. Según ha informado la presidenta de la mesa, Isaura Navarro, el eurodiputado le ha solicitado comparecer el día 1 de marzo y los gupos parlamentarios han aceptado la solicitud.