La Confederación Hidrográfica del Júcar ha tramitado en los últimos tres años unos 50 expedientes sancionadores por ejecutar pozos y extraer aguas. Cada infracción conlleva una sanción de 3.000 euros a los responsables de la perforación.
Según explican desde la confederación, tras declarar que un pozo es ilegal se ordena "el sellado inmediato" de la perforación para evitar el dramático accidente de Julen en Totalán, que cayó por una prospección realizada de forma irregular y no cerrada correctamente.
El suceso hace preguntarse cuántas prospecciones existen en la Comunitat Valenciana y sobre todo aquellas que se han realizado de manera irregular. Según apuntan las fuentes consultadas, conocer la totalidad de ellos es difícil porque, además, el registro lo realizan los distintos organismos de aguas relacionadas con los ríos que abarcan diferentes provincias por donde discurren los ríos.
En el caso de la Confederación Hidrográfica del Júcar su demarcación abarca València, Alicante, Albacete, Cuenca y Teruel. Además, incluso si las prospecciones son ilegales, se hacen de manera profesional y en la mayor parte de las ocasiones de manera oculta para evitar ser evidentes ante la administración.
Los datos que maneja la CHJ muestran que hay un total de 24.500 pozos inscritosque cumplen con la normativa vigente, equipados "con bombas y tuberías para la extracción aguas". Señalan que "en principio, no deben suponer ningún problema para terceros" porque en la mayor parte de los casos estos pozos se encuentran dentro de casetas o restringidos con vallas para impedir el acceso a cualquier persona.
Los 50 pozos que la CHJ ha abierto un expendiente no cumplen con los parámetros que se recogen en la Ley de Aguas. Así, la entidad explica que constituye una infracción administrativa la apertura de pozos y la instalación de instrumentos para extraer aguas subterráneas "sin disponer previamente de concesión o autorización del Organismo".
De esta forma, son los servicios de inspección y vigilancia del Dominio Público Hidráulico los que detectan la existencia de un pozo sin autorización. Tras las comprobaciones pertinentes, se abre una investigación para instar a la legalización del pozo por parte de los propietarios si es posible y si no lo es se inicia el expediente sancionador, con las denuncias de 3.000 euros al responsable.
A la vigilancia de los operarios también se suma la del Seprona, la Guardia Civil o un particular que se lo hacen saber a la institución para proceder a la comprobación.
