El Gobierno central no parece tener fe en el «milagro» en el que se sustentan buena parte de los ingresos de los presupuestos de la Generalitat para 2019, los últimos de la legislatura del Botànic y los más expansivos de la serie. Y así lo ha dejado claro en un informe reciente en el que pone en duda que la recaudación pintada por el Consell vía impuestos sea una realidad.
Sin acritud, pero negro sobre blanco, el Ministerio de Hacienda que dirige Maria Jesús Montero repasa una a una las distintas previsiones de ingresos por tributos para acabar deslizando aquello de que no se los cree. «Podrían producirse desviaciones con respecto a los ingresos previstos para el cierre del ejercicio 2019, a la vista de los últimos datos de ejecución presupuestaria», repite el ministerio en varias ocasiones. Y es que los ingresos son el talón de Aquiles de unas cuentas que crecen un 10,7 % este año hasta alcanzar los 22.096 millones de euros (sin contar con el sector público) y que mejoran las partidas presupuestarias de todas las conselleries, en especial , las sociales, como las ayudas a la dependencia o la renta mínima garantizada.
El Gobierno central, en manos del socialista Pedro Sánchez y que ha dado carpetazo a la posibilidad de abordar el cambio en el modelo de financiación esta legislatura, es, sin embargo, prudente con respecto a la otra gran debilidad del presupuesto de ingresos: los que teóricamente debería transferir el Estado en concepto de la infrafinanciación. Esta partida de 1.325 millones, un clásico de las cuentas del Botànic, tildada de ficticia por el PP y reivindicativa por el Consell, no pasa desapercibida en el análisis realizado por el personal técnico de Hacienda en su informe sobre los presupuestos de las comunidades autónomas para 2019.
Ni este dinero, ni los 250 millones de euros localizados en la partida 4003 «Liquidación y nuevas competencias», que incorpora la estimación efectuada por la C. Valenciana de la cifra correspondiente a la mensualidad del IVA no considerada en la liquidación de 2017, debido al cambio en el sistema de gestión del impuesto.
Es decir, una suma de más de más de 1.575 millones que, según destaca el informe, marca la diferencia entre lo que el Ministerio de Hacienda comunicó al Consell que iba a transferirle en julio, antes de la elaboración presupuestaria, y lo que finamente plasmó el departamento autonómico que dirige Vicent Soler.
Este desfase evidencia dos cosas: que el Consell dibujó el presupuesto a sabiendas de que el Ejecutivo central no tenía previsto hacerle tal transferencia, pero también que, como ha pasado en años anteriores, la argucia contable será pasada por alto. De hecho, a diferencia de las pegas que Hacienda pone a la previsión de ingresos vía impuestos, no hace apreciación alguna a la partida de la infrafinanciación. Una suerte de vía libre para una autonomía castigada por el maltrato financiero.
Menos comprensivo se muestra el Ministerio de Hacienda con la optimista previsión del Consell respecto a los ingresos por tributos y que Soler ligó a la buena marcha de la economía y a un «milagro», término que él mismo utilizó en la rueda de prensa de presentación de las cuentas.
En su análisis, al ministerio le llama la atención el incremento de un 26 % de la previsión de ingresos por el impuesto de sucesiones y donaciones (69 millones más), que el Ejecutivo valenciano justifica en el impacto de sus campañas de inspección, o el incremento del impuesto de Patrimonio en un 7,6 %. En el apartado de impuestos indirectos, el ministerio destaca los mayores ingresos previstos por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentales, que grava la compraventa de pisos. Sube un espectacular 31 %, lo que supone una inyección de 398 millones. Hacienda insiste en que podrían producirse «desviaciones» con respecto a los ingresos previstos «a la vista de los últimos datos sobre ejecución presupuestaria».
El informe sobre los proyectos presupuestarios permite también una comparativa respecto a otras comunidades, si bien incompleta, ya que ni Andalucía, ni Aragón, ni Castilla y León, ni Castilla-La Macha, ni Cataluña, ni La Rioja ni el País Vasco aportaron la información presupuestaria al ministerio. Respecto a las que sí lo hicieron, la Comunitat Valenciana es la que mayor incremento ha previsto en sus ingresos (12 % , cuatro puntos por encima de la media); y en sus gastos (9,9 %, cuatro puntos por encima de la media).
