Los abogados de los diez investigados por las presuntas irregularidades en la organización de la visita del papa intentaron ayer atacar la clave de bóveda sobre la que pivota esta causa que investigan el Juzgado de Instrucción 5 de València y la Fiscalía Anticorrupción: si la Fundación V encuentro mundial de las familias (FVEMF) creada para organizar la visita era pública o privada. Y lo hicieron durante la comparecencia celebrada ayer del inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dirigió la investigación del Caso Gürtel, Manuel Morocho.

Citado a declarar a petición de las defensas, los abogados intentaron acorralar al inspector de la UDEF durante el interrogatorio para evidenciar una idea fuerza: que la FVEMF no debía someterse a la ley de contratos públicos porque era una fundación privada. Y, de hecho, así se inscribió en el registro de fundaciones de la Generalitat, según explican a Levante-EMV fuentes conocedoras de los interrogatorios.

Un detalle que no pudo concretar el inspector de la UDEF durante su comparecencia de ayer. Aunque tampoco corresponde a este policía determinar la naturaleza administrativa de la fundación creada para la visita del papa, según otras fuentes consultadas por Levante-EMV.

Hasta ahora, diversos informes realizados por la Intervención General del Estado (IGAE) y la Intervención de la Generalitat alertaban sobre el incumplimiento masivo de la ley de contratos en las licitaciones realizadas para la visita del papa. «En consideración a la naturaleza jurídica de la fundación y al montante del importe de los servicios contratados se habría incumplido la normativa reguladora, con vulneración de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia». Y éste será el principal caballo de batalla de las defensas: dirimir si la FVEMF era una institución pública o privada. Los investigadores se decantan por la primera opción. Por dos motivos: la Fundación se constituyó con capital mayoritario público (Arzobispado, Generalitat, Ayuntamiento y Diputación de València pagaron 10.000 euros cada uno). Y fue liquidada con aportaciones de capital de la Generalitat para hacer frente a las deudas pendientes en 2010 y 2014 recurrió a las arcas públicas de las tres instituciones sin escatimar recursos.