25 de enero de 2019
25.01.2019
Campaña electoral

Casado plantea que el Gobierno decida el porcentaje de valenciano y castellano en las clases

Defiende que el Estado no debe delegar el uso vehicular de la lengua en educación en la autonomías que ya recogía la ley popular y la futura reforma

24.01.2019 | 23:46
Bonig y Català, en primer plano, tras Pablo Casado en la visita que hizo el líder nacional del PP a València, hace dos semanas.

La cruzada del presidente nacional del PP, Pablo Casado, en defensa de la enseñanza del castellano en comunidades con dos lenguas cooficiales, como es el caso de la Comunitat Valenciana, podría acabar desembocando en un cambio sustancial en la política lingüística en las aulas y que ha desarrollado el Botànic, pero también el PP cuando gobernaba. Con el conflicto catalán planeando toda la legislatura y condicionando la estrategia de los partidos, el nuevo líder del PP se ha propuesto recuperar la bandera del español, aunque ello implique revisar parte de la legislación aprobada en la etapa de Mariano Rajoy. Los populares en el Congreso de los Diputados han presentado una proposición no de ley que afectaría directamente a comunidades con lengua cooficial al plantear que sea el Gobierno el organismo competente para decidir el porcentaje de horas que se dedican al castellano y a la otra lengua cooficial.

La iniciativa, cuyo objetivo es blindar el castellano en las escuelas, se enfrenta a la reforma educativa que promueve Pedro Sánchez y que, entre otras cuestiones, delega en las comunidades aquellas disposiciones que tengan que ver con las lenguas cooficiales. La ley en vigor, la Lomce, recoge la obligación de las «administraciones educativas» de que exista una presencia razonable del castellano y de la lengua autóctona. Los tribunales de justicia estipularon, a raíz de un conflicto surgido con el modelo educativo de Cataluña, que esa proporción de un mínimo del 25% de horas lectivas para ambas lenguas.

En su proposición no de ley, los populares se revuelven contra esta nueva regulación y apuntan que el «Estado debe ejercer las competencias que la Constitución le atribuye en lugar de delegar en las comunidades autónomas el uso vehicular de la lengua en el ámbito educativo». Para los populares esta delegación, que atribuye a la reforma educativa de Pedro Sánchez, permite asignar un «uso marginal a la lengua castellana en aquellas administraciones que así lo dispongan». Con este planteamiento el PP de Casado va más allá de la conocida como ley Wert aprobada en 2013 al plantear una suerte de recentralización ya que la ley educativa en vigor recoge en la disposición adicional trigésima octava que son las «administraciones educativas», es decir a las comunidades autónomas, a las que les corresponde « determinar la proporción razonable de la lengua castellana y la lengua cooficial».

De ahí que una de las propuestas es promover una legislación básica que garantice el ejercicio del derecho constitucional del uso del castellano en toda España y «garantizar la libertad real e igualdad de condiciones de la utilización de castellano en las comunidades con lengua cooficial».

La propuesta, que lleva la firma de la valenciana Belén Hoyo, cuenta con el aval del PPCV de Isabel Bonig, para quien la iniciativa está en sintonía con su labor de oposición esta legislatura: «No a la imposición y si a la libertad de los padres para elegir la lengua en que quieren educar a sus hijos», indicaron fuentes de la dirección regional. Desde el PPCV indicaron que defienden el plurilingüismo que, consideran, queda reflejado en la proposición no, donde se recoge el derecho de la ciudadanía a usar las dos lenguas cooficiales.

Lomce | ETAPA PP | La regulación que aprobó el PP en 2013
En su disposición adicional trigésima novena recoge que las «administraciones educativas» determinarán la proporción razonable de la lengua castellana y la lengua cooficial en estos sistemas educativos diseñados. La administración educativa deberá garantizar una oferta docente en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable. Los tribunales de Justicia lo fijaron en un mínimo del 25%. La ley contempla la obligación de las administraciones de costear los gastos de escolarización en enseñanza en lengua castellana, si bien este artículo fue anulado por el Constitucional.

La reforma de Sánchez | Supresión de la regulación  del uso de lengua cooficial
La reforma educativa planteada por  Pedro Sáchez habla de suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, lo que implica dejarla  en manos de los gobiernos autonómicos. No obstante la redacción de la propuesta es ambigua, aunque desde algunos sectores educativos o políticos se considera que podría dar soporte legal a aumentar más el peso del valenciano en las escuelas. En la Comunitat Valenciana, que recoge este mínimo del 25% para castellano y valenciano, en más de la mitad de los centros, la lengua vehicular es el valenciano con más del 45% de clases.

Propuesta de Casado | Recuperar competencias en educación
La proposición no de ley presentada en el Congreso camina en dirección de una suerte de recentralización de competencias de educación, en concreto, aquellas que tienen que ver con el uso e la lengua vehicular en las comunidades con dos lenguas oficiales. La propuesta también es ambigua al hablar de una ley estatal que garantice la enseñanza en castellano, pero se deja claro que debe ser el Gobierno de España y no las comunidades el competente para decidir el porcentaje de valenciano y castellano que se da en la aulas. Casado quiere también que la Inspección actúe cuando hay incumplimientos.
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