El centro de recepción de menores de Buñol tiene los días contados como centro de emergencia. Es decir, el 18 de febrero, si las previsiones de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se cumplen, las instalaciones de Buñol permanecerán como un centro de acogida más (integrado en una red autonómica que suma más de 90), con el mismo personal y 24 plazas asignadas para menores tutelados por la Generalitat Valenciana.

El centro de recepción de menores de València (existe uno en cada provincia) se ubicará en otra población (adelantada por este diario el pasado miércoles) y estará gestionado por una empresa privada sin ánimo de lucro. Igual que funcionan otros centros de acogida de la Comunitat Valenciana e incluso el de recepción de Alicante (Lucentum). Era la excepción. Hasta ahora.

A un centro de recepción llega todo aquel menor declarado en situación de desamparo. Y la realidad de los movimientos migratorios refleja una atención a Extranjeros Menores No Acompañados (MENA) que no para de crecer.

Las cifras no dejan lugar a dudas. En 2015 la Comunitat Valenciana atendió a 45 menores extranjeros no acompañados. El año pasado, en 2018, hizo lo propio con 945. El número de atenciones se ha multiplicado por 21 en tres años. Para un sistema que, aunque ha crecido, precisa ahora de la colaboración privada de forma urgente.

Como asegura el responsable de Servicios Sociales de FeSP de UGT, Toni Femenia, «si hablamos de infancia, si hablamos de menores y de su primera atención, el debate de la gestión o colaboración público/privada debe quedar al margen porque el problema es real y el interés del menor debe estar por encima de cualquier otra cosa y el debate no puede ser o todo o nada».

Eso sí, Femenia espera «la reversión del centro de recepción al sistema público en cuanto se solucione o mejore la situación porque privatizar la gestión del centro de recepción «es, sin duda, un paso atrás, aunque imagino que si se hace así, de forma urgente, es porque es más que necesario».

El centro de recepción de València pasará en un mes a manos privadas. Así lo anunció la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, en una reunión con los sindicatos CC OO, UGT, Intersindical y CSIF. La hasta ahora gestión pública de forma integral del centro de recepción de menores pasa pues a manos privadas ante un sistema colapsado y una administración que no da abasto.

Si la administración no llega -y hay menores de por medio- la colaboración público-privada se constituye como la única opción, sobre todo en este caso donde la tramitación se va a llevar a cabo mediante un procedimiento de urgencia.

El centro de recepción de menores es el lugar al que acuden los niños y niñas que se declaran en situación de desamparo y no cuentan con ningún adulto que se encargue de ellos. Así pues, es un centro de emergencia, un lugar donde se prevé que los menores pasen unos 45 días hasta que el equipo de profesionales decida cuál es el mejor recurso para el menor y su derivación o a un centro de acogida -hay de varios tipos como por ejemplo, de necesidades especiales, de atención específica, de formación especial y terapéutica...- a un hogar funcional o a un centro de emancipación.

En clave política, la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, da un paso atrás en su apuesta por la gestión pública al privatizar un centro básico en la atención a los menores porque, según el responsable de menores de CC OO, Pep Cloquell, «un centro de recepción siempre debería estar bajo el paraguas de la administración con una gestión directa». Sin embargo, el sistema está desbordado.

Cerca de la capital

Pep Cloquell propone que, aunque no se pueda dar a conocer la ubicación del nuevo centro de recepción de menores, éste se encuentre próximo a la capital. «El compromiso político era que en Buñol el centro de recepción de menores no iba a estar más de un año. Si se va a trasladar y se va a contratar con la gestión privada el centro debería estar próximo a València porque la lejanía con la capital ha sido un problema en Buñol. En Monteolivete había cerca colegios e institutos, un centro de salud, la ciudad de la justicia, fiscalía, extranjería... En Buñol, a la falta de educadores se ha sumado la pérdida de educadores todo el día fuera para acompañar a los chavales y eso se debe evitar», explica el representante de los trabajadores de CC OO en el centro de Buñol.

Para la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime) -que es la patronal de las empresas más modestas del sector- la privatización del centro de recepción de València «es un mal negocio que no se puede comparar con Alicante». «Es decir, en Alicante hay un centro que también hacía un poco de sistema de recepción, pero eso no es lo que se plantea en València», aseguran.

Por ello, desde Apime solicitan una «cumbre para tratar este tema porque nosotros entendemos que se privatice la gestión del centro de recepción de València porque se trata de una cuestión de emergencia. Pero eso debe ser temporal, no definitivo. El problema de los Mena es estatal, pero como tenemos asumidas las competencias es un problema al que hay que dar respuesta. Pero de forma integral. Porque si se privatiza un centro y vuelve a ser para 30 plazas, no se solucionará nada. Nosotros somos empresas pero sabemos que la primera acogida debe estar en manos de la Administración».

Ahora bien, aunque el centro de recepción de València sea gestionado por una entidad privada tendrá un funcionario como director. Esa es la manera de garantizar el control público en un sistema con colaboración privada, defendió Oltra ayer. De hecho, la vicepresidenta ya lo anunció en mayo de 2017 cuando aseguró que «todos los centros de menores de titularidad pública deberán tener también una dirección pública antes de 2020».