Un órgano administrativo de nuevo cuño adscrito a la Conselleria de Hacienda será el encargado de resolver las reclamaciones económico-administrativas de la ciudadanía contra los actos tributarios de la Generalitat. La iniciativa impulsada desde el área de Tributos del departamento que dirige Vicent Soler es un paso más en el camino hacia la autonomía financiera y tiene por objetivo garantizar la independencia de los órganos encargados de resolver los conflictos en materia de impuestos.
El nuevo órgano, regulado en un decreto que se encuentra en su fase final de tramitación, ha sido bautizado con el sugerente título de Jurat Económico administrativo y está llamado a ser la versión valenciana del tribunal regional económico administrativo que depende del Gobierno central. El primero se ocupará de las reclamaciones por la aplicación de los tributos propios (ya sea relacionados con la recaudación o con las sanciones); mientras que el segundo se ocupa de las reclamaciones que tienen su origen en los impuestos gestionados por el Estado. Se trata, por tanto, de competencias distintas.
Con la creación de este nuevo órgano, la Conselleria de Hacienda busca explotar las posibilidades que le otorga el Estatuto de Autonomía respecto a la gestión propia de las finanzas y cuya meta es la creación de la agencia tributaria propia, también en fase de tramitación. El jurat, según la normativa en vías de aprobación, tendrá, en principio, la siguiente estructura: personal titular de la presidencia, una o varias personas titulares de las vocalías y persona titular de la secretaría. La memoria económica habla, en concreto, de una estructura del órgano de tres puestos de trabajo: presidencia, secretaría y vocalía por un importe global de152.599 euros, sin contar la seguridad social de cada puesto de trabajo.
En la justificación del proyecto, el Consell alega que el jurat se configura como «un intrumento para facilitar la defensa de los derechos de la ciudadanía, mediante un procedimiento gratuito, accesible y ágil que permita revisar la legalidad de los actos en esta materia sin deber acudir directamente a la vía judicial, más lenta y costosa. En este sentido, el Consell considera que el nuevo órgano garantiza la competencia técnica, la celeridad, la independencia funcional y la imparcialidad de sus miembros. El órgano colegiado dependerá directamente del titular de la Conselleria de Hacienda y estará formado por «funcionarios de elevada formación tributaria y jurídica».
Cabe apuntar que la resolución de las reclamaciones de la ciudadanía respecto a los tributos propios recaía hasta ahora en la persona titular de la conselleria, quien solía delegar estas atribuciones en la dirección general de Tributos. De esta manera, no existe separación entre el órgano que dicta y aplica los tributos y el que resuelve los conflictos.
El decreto deja claro que los acuerdos adoptados por los miembros del jurat deben adoptarse por mayoría y que actuarán con independencia y sin estar sometidos a instrucciones. «Nadie se puede abstener de votar y quien disienta de la mayoría puede formular un voto particular». Sus resoluciones más importantes deberán hacerse públicas.
Un decreto ya muy avanzado
El proyecto de decreto se encuentra ya muy avanzado, ya que ha pasado por el trámite de las alegaciones de las conselleries. El único asunto de discusión interna de relieve ha tenido que ver con el nombre ya que en un principio, en lugar de jurat, recibió la denominación de tribunal. Para evitar una confusión con el tribunal regional dependiente del Ministerio de Hacienda se optó por la fórmula jurat. Este tipo de órganos ya existen en otras comunidades como Aragón, Madrid y Cataluña.
