Que se firme un preacuerdo antes de las elecciones para que la Conselleria de Sanidad revierta a la sanidad pública el área de salud de la Marina no significa que el proceso se vaya, finalmente a realizar ni en este año ni en el siguiente ya que su cumplimiento quedará «en manos de quien gane las elecciones y no existe obligación de cumplirlo».

Esta es la advertencia lanzada desde el sindicato Satse en la Marina a propósito de la reunión mantenida el pasado viernes entre el subsecretario de la Conselleria, Juan Ángel Poyatos y los representantes de la plantilla para abordar la reversión del área, prometida para antes de las elecciones por activa y por pasiva por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

En la reunión, y tal como han explicado varios de los sindicatos presentes, Poyatos junto a la directora general de Alta Inspección, Mª Victoria Garrido, trasladaron que durante los próximos dos meses se quería firmar un «preacuerdo» con las empresas que gestionan la concesión sanitaria (DKV y Ribera Salud) para comprar directamente sus acciones y facilitar así que la gestión pase a manos públicas sin esperar a la finalización del contrato en 2024.

Desde Satse, sindicato que actualmente ocupa la presidencia del comité de empresa de la Marina, advirtieron, sin embargo, que las fechas que maneja la conselleria hablan de firmar un preacuerdo pero no de finiquitar totalmente la reversión, proceso que bien al contrario «se nos trasladó que sería en un futuro lejano y de hecho no se hablaron de fechas», según la representante de Satse, Ana Barquín. Es por ello que desde el sindicato advirtieron que la firma de un preacuerdo no significa que la reversión se vaya a hacer realmente ya que dependerá «de quien gane las elecciones» ya que no existirá «obligación de cumplirlo».

«No pensamos que haya realmente nada serio más allá de intentar dar la apariencia de que se cumplen los compromisos electorales. Hablaron de un futuro muy lejano y, de hecho, aún tenemos que ver si se llega a firmarlo porque no están las liquidaciones cerradas», añadió Barquín. Cabe recordar que el acuerdo para comprar las acciones depende de que se cierren primero las liquidaciones de todos los años que lleva la entidad trabajando, es decir el balance anual de cuestiones a pagar entre administración y concesionaria. Sanidad confía, de hecho, en que estas liquidaciones les faciliten los recursos económicos necesarios para negociar por la compra de acciones y según anunció hace unos días la consellera Ana Barceló, estarían listas en febrero.

A través de una empresa pública

En la reunión se adelantó que el Consell está trabajando en dar la mayor seguridad jurídica a los trabajadores de Marina Salud y que, por ello, se barajaba como opción principal la de crear una empresa pública para acoger a los trabjadaores con las mismas condiciones y gestionar el área de salud a través de ella. Se descartaría de entrada la opción de volver a utilizar la figura jurídica de personal laboral fijo a extinguir, utilizada para subrogar a los 1.400 trabajadores de Alzira ya que su aplicación, después de varios cambios legislativos e informes jurídicos, está de nuevo en entredicho.

Frente a esta «incertidumbre», desde Satse abogan por seguir negociando sus condiciones laborales sin esperar a que se cumplan las promesas de la Conselleria de Sanidad ya que «es difícil que la reversión se haga efectiva antes de las elecciones».

En este sentido, los sindicatos han convocado a la plantilla de la Marina a una protesta el miércoles ante la sede de la Conselleria de Sanidad y ante el Palau de la Generalitat para presionar, tanto para que se realice la reversión como para que Marina Salud cumpla con los trabajadores y se firme el convenio colectivo.

Marina Salud niega que exista un acuerdo

Tras conocerse los términos en los que se desarrolló la reunión el pasado viernes, desde la gerencia de Marina Salud se ha enviado un comunicado a sus trabajadores para llamar a la calma y negando que haya ningún acuerdo sobre la mesa. Así, su gerente Luis Carretero asegura que la concesionaria está dispuesta a colaborar con el Consell pero niega que haya «ningún acuerdo» relacionado con eliminar el modelo de gestión de área privatizada aunque promete mantener informada a la plantilla.