El Consejo de Seguridad Nuclear(CSN) afronta en febrero la renovación de sus miembros para los próximos seis años, inmerso en un momento político clave sobre el futuro de las centrales en activo, entre ellas la de Cofrentes, debido a que todas cumplirán los 40 años de vida útil entre 2021 y 2028.
La renovación del organismo afectaría a 4 de los 5 consejeros: Fernando Martí (Presidente), Rosario Velasco (Vicepresidenta), el valenciano Fernando Castelló y Jorge Fabra, este último nombrado en sustitución de Cristina Narbona que renunció a su cargo al aceptar la Presidencia del PSOE, se jubiló en diciembre pasado.
Javier Dies, nombrado en 2015 a propuesta del Gobierno del PP como sustituto de Antonio Gurgui, aún le quedan varios años por delante en su cargo como consejero, por lo que a finales del próximo mes, el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear se quedaría sólo con un vocal.
La propuesta para nombrar al presidente y a los vocales del CSN debe pasar por la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, que es la que propone los nombres al Gobierno y que debe lograr un respaldo de las 3/5 partes.
Si no se alcanzara un acuerdo parlamentario, el Ejecutivo tiene la potestad de nombrar a los consejeros, salvo que el Congreso aprobara otros nombres alternativos, pero siempre por esa mayoría.
Durante los últimos años los vocales del Pleno del Consejo se han elegido a propuesta del PP y el Partido Socialista, pero tras la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy en 2018, y que propició la entrada en el panorama político español de otros grupos, el escenario más lógico apunta a que Unidos Podemos quiera impulsar una propuesta para el Consejo.
Aunque no hay una regla escrita, históricamente el reparto del organismo regulador constaba de dos miembros designados por el Partido Popular, dos por el PSOE y uno por los nacionalistas (normalmente Convergencia) pero en esta última etapa, la composición ha sido de 3 miembros designados por el PP y dos por el PSOE.
Con la entrada de Unidos Podemos en la Cámara Baja, el reparto da un giro y la composición del Pleno quedaría de la siguiente manera: 2 miembros designados por el PSOE, uno de ello el presidente, dos por el PP, aunque en este caso sólo sería uno por la continuidad de Dies, y uno por Unidos Podemos.
Desde Ciudadanos han señalado que el nombramiento de los miembros del Pleno tiene que ser "meritocrático y apolítico", debido a que los reguladores tienen que ser independientes, y en este punto, fuentes de la formación naranja han recalcado que "los miembros no están ahí para hacer política".
Respecto a los nombres que más sobresalen en las quinielas para ocupar las vacantes destaca el de Paco Castejón, físico nuclear por el Ciemat y portavoz de Ecologistas en Acción, quien en declaraciones a EFE ha confirmado contactos con la formación morada para ser presentado como candidato.
"Sé que estoy en las quinielas, he mantenido conversaciones con Podemos y les he dicho que aceptaría el cargo de consejero, pero todavía queda un largo camino por recorrer", ha subrayado el también activista anti-nuclear.
Además de Castejón, entre los posibles candidatos al Pleno del CSN y eventualmente su presidencia, desde el sector apuntan a un experto en energía nuclear y de gran trayectoria internacional.
A su juicio, la renovación debería llegar a un acuerdo "a la mayor brevedad posible" porque no sería conveniente abordar una situación en la que el Pleno del máximo organismo español en materia de seguridad y protección radiológica esté vacío o sus miembros en una situación ilegal.
En este periodo de renovación, cabe destacar, por novedad, otra candidatura, la de la presidenta de la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear (ASTECSN), Nieves Sánchez Guitián, lanzada a través de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Madrid y quien se ha postulado para entrar en el Pleno.
En declaraciones a EFE ha defendido que en esta renovación el perfil profesional debe prevalecer sobre el perfil político, y ha abogado por un proceso "transparente" que refuerce la independencia del supervisor.
Esta reforma se presenta en un momento delicado en el que se ha reavivado el debate sobre el futuro de los siete reactores atómicos en operación y si se deben clausurar a medida que vayan cumpliendo sus 40 años de vida útil o, por el contrario, alargarla durante algunos años más.
El primer escollo habrá que sortearlo en apenas un año, en 2020, cuando finalice el permiso de explotación de la nuclear de Almaraz I (Extremadura) -aunque los 40 años los cumple en 2021- propiedad de Iberdrola (53 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11 %) y en el año 2023, el turno le tocaría a Almaraz II.
