La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer la clausura definitiva del almacén de gas Castor, frente a las costas de Vinaròs, aunque no puso fecha para el desmantelamiento de las instalaciones. Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera explicó que Enagas, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental ha trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta», que será remitida al Ejecutivo en torno a «un mes o mes y medio».

«El gobierno anterior prefería mantenerlo hibernado por si acaso se recuperaba la posibilidad de volverlo a utilizar como almacenamiento; este gobierno tiene claro que eso no tiene sentido» y que el sellado definitivo es «la única decisión viable», ante el riesgo de terremotos «de magnitud significativamente mayor a los registrados hasta ahora» en caso de que volviera a ponerse en marcha. Como se recordará, el almacenamiento gasístico originó en 2013 -durante las pruebas de llenado-una intensa actividad sísmica en la zona, por la que el Gobierno acordó su suspensión y parada provisional. En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero la ministra añadía que esta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo».

Esquerra Republicana calificaba de «punto de no retorno» el anuncio de la ministra, en boca de su senador Miquel Aubà, aunque reclamaba al gobierno que acompañe el cierre «con más acciones para revertir las pérdidas y daños provocados a todos los consumidores y afectados».

Más crítico se mostraba el senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, quien afeaba a la ministra que no concrete fechas para iniciar el desmantelamiento. Para Navarrete son especialmente graves del despropósito que ha supuesto la ejecución del proyecto las afirmaciones de que «pueden existir terremotos superiores a los hasta ahora detectados» o que indique ahora que «el Castor no es necesario», cuando hace escasos años «vendían a la ciudadanía su prioridad y urgente necesidad como almacén estratégico para el país que podría suministrar al país durante cincuenta días en casos de necesidad o problemas en el suministro gasista». Compromís denunciaba las decenas de solicitudes de documentación y preguntas que la coalición ha registrado a la Mesa y al Gobierno. «PP y PSOE se han comportado como verdaderos caciques, como si el dinero o los derechos de los parlamentarios fueran suyos», concluía, anunciando que trabajan en un recurso por la vulneración de los derechos constitucionales.