El exconseller Rafael Blasco ha conseguido el tercer grado penitenciario tres años y siete meses después de su ingreso en prisión el 15 de junio de 2015, para cumplir una condena de seis años y medio de cárcel, impuesta por el Tribunal Supremo, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de los hechos. El siete veces conseller con cuatro presidentes de la Generalitat fue condenado a ocho años de cárcel por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) (después rebajados por el Supremo) por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial cometidos durante su etapa al frente de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.
Blasco intentaba desde hace tiempo conseguir el tercer grado, que se le había denegado de manera reiterada. Y, de hecho, era el único de los seis acusados en la primera pieza del Caso Cooperación que aún permanecía en prisión. Hasta ahora sólo ha podido disfrutar de algunos permisos penitenciarios.
El régimen de semilibertad del que podrá disfrutar a partir de ahora le ha sido concedido por la junta de tratamiento del centro penitenciario Antonio Asunción de Picassent, ratificado por el equipo directivo de Instituciones Penitenciarias, por varios motivos: que ya ha cumplido más de la mitad de su condena, su avanzada edad (el 9 de febrero cumplirá 74 años) y algunas complicaciones de salud. También ha pesado el hecho de que los delitos por los que fue juzgado se cometieron hace muchos años y que nunca ha rehuído la acción de la justicia, según confirman fuentes conocedoras de la decisión. Además, ya no existe posibilidad de reincidencia pues la condena incluyó veinte años de inhabilitación absoluta, por lo que sólo podría volver a la política o ejercer algún cargo a los 90 años.
El juzgado de vigilancia penitenciaria no intervendrá en esta decisión del centro penitenciario de conceder el tercer grado a Blasco, a menos que sea recurrida.
En su contra, que el dinero que le condenó el Tribunal de Cuentas a devolver junto a otros cuatro condenados (1.951.290 euros, de los que 1.623.819 euros corresponden a las subvenciones concedidas a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua de los que sólo llegaron 43.953 euros y los restantes 327.470 euros a los intereses generados) apenas ha sido devuelto una pequeña parte. El Supremo no lo condenó a responsabilidad civil, ya que consideró que no actuó en beneficio propio «sino de otros».
Blasco también tiene pendiente, a partir del 15 de abril, el juicio por la segunda pieza separada del Caso Cooperación por el desvío de ayudas previstas para África y un hospital en Haití que no llegó a construirse.
Blasco pasará hoy a disposición del Centro de Inserción Social (CIS) Torre Espioca de Picassent, ubicado junto al centro penitenciario, cuyos responsables serán quienes decidan los horarios y las pautas que deberá cumplir a partir de ahora.
