La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó hace quince días sobre la reforma de la financiación autonómica: «En esta legislatura el presidente ya dijo que podremos avanzar con los trabajos técnicos y en mejorar el clima, pero no da tiempo para sacar el proyecto adelante» (El País, 14-01). Y la titular de Economía, Nadia Calviño, aseguró sobre la posibilidad de una quita de la deuda de las comunidades: «No está sobre la mesa» (La Vanguardia, 30-12).
Ambas posiciones de altos representantes del Gobierno socialista de Pedro Sánchez tocan la línea discursiva del Consell del Botànic y Ximo Puig ha salido al paso. Lo ha hecho con sendas cartas a las ministras en las que defiende con abundancia de datos el trato injusto a la C. Valenciana en el reparto de fondos del Estado y pide medidas concretas. Así, solicita «la convocatoria urgente del grupo de decisión [del Consejo de Política Fiscal y Financiera] para que, en el transcurso de este primer semestre de 2019, se remita una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica» al citado órgano.
El objetivo, añade en el escrito a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, es que el Gobierno pueda elevar el proyecto de ley con un nuevo modelo financiero al Congreso de los Diputados «para su debate y aprobación este mismo año».
El contexto de las cartas, fechadas hace una semana, es el de una creciente presión de los socios del Govern del Botànic sobre la urgencia de un nuevo sistema de financiación y de aumentar las mejoras en los Presupuestos. Puig, tras el cambio en la Moncloa en junio pasado, se ve en la tesitura (compleja) de defender que el carácter reivindicativo ante Madrid no ha bajado «ni un milímetro», al tiempo que admite que la actitud del Ejecutivo es diferente en tanto que escucha y atiende las consideraciones valencianas.
Las cartas de Puig suponen incidir en esa línea reivindicativa, cuestionada por la oposición, ante el Gobierno socialista de Sánchez.
A Calviño, en concreto, le pide una reunión tras exponerle un sinfín de cifras que justificarían la necesidad de una compensación de los 46.000 millones de deuda pública que arrastra la C. Valenciana. El argumento principal para una quita de parte de ese lastre es que el nuevo modelo de financiación se ponga en marcha en una situación de equidad entre los territorios, ya que algunos no han tenido que endeudarse a causa de la infrafinanciación.
El presidente de la Generalitat pone encima de la mesa de la ministra la cifra de 20.693 millones de euros como la cantidad que debería haber recibido desde los años 90 la C. Valenciana para situarse a la altura de la media en España y no ha percibido.
Puig contrastó ayer en las Corts el contenido de las cartas que ha remitidas con las del anterior Consell del PP, que, dijo, solo mandó unas «pocas» comunicaciones al Ejecutivo central para «invitar a fiestas».
