El PP hizo suya la batalla para evitar la ubicación del centro de recepción de menores en Llíria y ahora ha hecho lo propio con la instalación provisional que pretende alojar la Conselleria de Políticas Inclusivas en Alborache hasta que esté finalizada la infraestructura edetana. Para ello, el grupo popular municipal consiguió aprobar ayer una moción con el apoyo de los dos ediles no adscritos -el PSOE gobierna en minoría en Alborache- para pedir que se requiera la licencia de actividad a la conselleria, así como un informe sobre los requisitos que deberían cumplir las instalaciones y que se suspenda la actividad del albergue donde está previsto que se acomode el recurso a partir del próximo 18 de febrero. Todo ello con un objetivo claro: paralizar la llegada del centro.
En un tenso pleno que levantó gran expectación -con alrededor de un centenar de asistentes en una localidad que apenas alcanza los 1.100 vecinos-, la portavoz del PP, Verónica Alcocer, se mostró tajante: «No queremos el centro de menores. Los niños necesitan vivir y educarse en un sitio en condiciones, pero ese lugar no es Alborache. Queremos vivir tranquilos y en paz», proclamó antes de asegurar que lucharán «hasta el final» por evitarlo.
La concejala no adscrita, Amparo Vañó, que mostró su sintonía con el PP en todo momento, incluso reclamó que se cierre el albergue y se nieguen las licencias de obras -de competencia municipal- a la conselleria, que necesitará realizar reformas en el edificio del albergue para habilitarlo como centro de recepción de menores. La alcaldesa, la socialista Paqui Collado, insistió en que esas licencias están regladas y si la conselleria cumple con la preceptiva legalidad, el ayuntamiento no se puede negar a otorgarlas.
Competencias de la conselleria
La alcaldesa de Alborache, la socialista Paqui Collado, defendió que su ayuntamiento no tiene competencias sobre la infraestructura del albergue del IVAJ -propiedad de la Generalitat- ni sobre la gestión de los menores tutelados, por lo que la responsabilidad es única de la Conselleria de Políticas Inclusivas, aunque manifestó a Levante-EMV que tiene «confianza» en que la ubicación del centro en su municipio será algo «transitorio hasta que se les pueda trasladar a un lugar en mejores condiciones». «Quien va a hacerse cargo es la conselleria y nosotros lo que vamos a reclamar es que haya una buena gestión del centro y se realicen controles mensuales. Una buena gestión interna hará que no haya problemas en el exterior», indicó Collado a este diario.
No obstante, la alcaldesa sí que aseguró que su consistorio ya ha solicitado refuerzos en materia de seguridad para el municipio a la Subdelegación del Gobierno y a la propia conselleria, que se habría comprometido a reforzar la presencia de la Policía Autonómica en la zona.
Asimismo, Collado quiso mandar un mensaje de cautela ya que, según recordó, «la Generalitat tiene la obligación de tutelar a esos menores para que cuando tengan 18 años puedan estar integrados en la sociedad».
No han cometido ningún delito
Los centros de recepción de menores son el primer recurso al que van dirigidos los menores de edad bajo la tutela de la Generalitat. Se trata desde los menores extranjeros no acompañados (menas) hasta otros chicos y chicas que pueden haber sufrido malos tratos, tener padres con problemas de drogodependencia o desórdenes de conducta. En estos centros deben estar un máximo de 45 días, donde se analiza individualmente cada caso para dirigirlos bien a su familia extensiva, a una de acogida o a otro centro especializado. En ningún caso son menores que hayan cometido algún delito.
