Casi 6.000 familias fueron desahuciadas durante los primeros meses de 2018, la mayoría por impago de alquiler, pese a la prohibición de Naciones Unidas de desahuciar a familias sin alternativa habitacional o con menores a su cargo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) salió ayer a la calle para exigir un decreto de alquileres que garantice una vida digna, que pinche la burbuja de los alquileres y que cancele la ley de crédito inmobiliario. A ellos se unieron los pensionistas porque, pese a algunos pequeños avances, «las cosas siguen igual». «El Gobierno aplaza seis mes más la decisión de la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC», gritaron ayer durante la manifestación convocada en la Plaza del Ayuntamiento y que finalizó ante la Delegación de Gobierno. No abandonarán las calles, insistieron, «hasta que podamos negociar una reforma del Sistema de Pensiones para el futuro de nuestros hijos y nietos». De hecho, el sindicato estudiantil Lliures i Combatives también estuvo allí. «Dentro de unos años nosotros seremos ellos», indicó su portavoz Ana Roig, «es un asunto que tenemos que defender entre todas y todos. Son ataques a la clase trabajadora».

Los taxistas se solidarizan

También la Confederación de Taxistas Autónomos de la C. Valenciana se adhirió a la manifestación en apoyo a la Coordinadora por la defensa del Sistema Público de Pensiones.