Después de varios días encerrados en condiciones inhumanas y ser explotados en tres naves de Silla, Benifaió y Alginet, convertidas en enormes plantaciones de marihuana, cualquier gesto de humanidad como darles un simple bocadillo es respondido con muestras de agradecimiento y sonrisas de gratitud. Los once ciudadanos de origen vietnamita víctimas de la red china de trata de seres humanos desmantelada esta semana por la Policía Nacional de Xirivella, de la que informó en exclusiva Levante-EMV, relatan cómo fueron engañados para salir de su país con la promesa de un trabajo como «jardineros» -bonito eufemismo para denominar a aquellos que se encargarían de los cultivos de cannabis- y tras recorrer varios países llegaron a tierras valencianas, donde fueron tratados «como ratas» por sus captores. «Nos tiraban el arroz al suelo para que comiéramos», asegura uno de ellos.
«Mucha hambre esos días», explica Leo Cao, de 36 años, al recordar que apenas les daban de comer una vez al día, o en ocasiones ni eso. Se alimentaban a base de jenjibre y arroz que cocinaban en enormes arroceras otros de los 19 detenidos en la operación policial encargados de su vigilancia. Su deseo ahora es poder regresar cuanto antes junto a su mujer y sus cuatro hijos -dos niños y dos niñas- el pequeño de apenas un año. «No tengo dinero y documentos para volver», argumenta Leo Cao, uno de los pocos que solo piensa en volver a su país y pide ayuda para ser deportado para así reunirse con los suyos en una pequeña aldea de Vinh, en el norte de Vietnam.
La mayoría quiere pedir asilo
Sin embargo, el sentimiento generalizado de estas once víctimas, detenidas inicialmente por un delito contra la salud pública al desmantelar la policía las tres plantaciones de marihuana en las que estaban explotados, y puestas en libertad con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado para firmar, es el de solicitar asilo en España al tratarse de víctimas de una importante red de trata y temer por su integridad física si regresan a su país.
«Me encerraron en una pequeña habitación y esposaron, si vuelvo a Vietnam me matarán», confiesa Tran Van, de 38 años y natural de Dong Ha, al norte de Hué (antigua capital del país). Según cuenta a través del traductor del teléfono móvil -ya que ninguno de ellos habla español y solo dos chapurrean algo de inglés-, salió hace 22 días de su país para saldar una deuda que tenía allí.
«Pedí un crédito al banco, si no pago mi familia se queda en la calle, dijeron que les pagarían a ellos en Hué cuando yo trabaje aquí», explica Tran Van. «Pero no nos han pagado nada, ni a mi familia tampoco», aclara. «Mi vida en Vietnam es muy miserable, lo perdí todo», lamenta a la vez que pide solidaridad a las autoridades españolas para que pueda quedarse aquí y traer a su familia a salvo de las mafias, sin ser realmente consciente de las dificultades que ello supone.
Varios de ellos, procedentes de zonas rurales y económicamente poco desarrolladas de Vietnam, explican que abandonaron su país a mediados de enero. Los que quisieron contar su viaje aseguran que venían solos, tanto en avión como en tren, haciendo varias escalas en países como Tailandia, Francia y República Checa, y utilizando la documentación falsa que les daban. Asimismo afirman que no conocían al resto de víctimas hasta que fueron trasladados a las tres naves por los presuntos cabecillas de esta red de tráfico ilegal de personas, quienes se encuentran ya en prisión provisional por orden del Juzgado de Instrucción número uno de Torrent.
¿Dónde van a ir ahora?
Las doce víctimas liberadas por la policía quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez durante el pasado viernes y sábado. Todos ellos, con la excepción de un hombre de origen chino que encontró un amigo en Madrid con el que quedarse, han pasado estas tres noches en un hostal de Torrent costeado por Cáritas y que les buscó la parroquia de la Asunción. Sin embargo, hoy lunes tendrán que abandonarlo, y por el momento no se sabe qué va a ser de ellos. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas aseguran que todos ellos van a ser atendidos con los recursos financiados por el Consell y la concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrent mientras que el Ministerio del Interior aclara y regula su situación, ya que ahora mismo están indocumentados.
