Un paso más en el camino de la autonomía financiera de la Generalitat. El Diario Oficial de la Generalitat publica hoy el decreto sobre el estatuto de la Agencia Tributaria Valenciana, un proyecto que tal como adelantó este diario implicará desplegar en la Comunitat Valenciana al menos siete equipos de inspectores y cinco para asumir las funciones de recaudación, en la actualidad delegada a la Agencia Tributaria Estatal. La Agencia Tributaria sustituye como organismo público al Instituto de Administración Tributaria, una denominación que acuñó el anterior gobierno del PP.

El decreto sienta las bases para un organismo tributario con autonomía y poder suficiente para gestionar e inspeccionar los tributos propios es el reto. El organismo es una vieja aspiración del Consell y está amparado por el Estatuto de Autonomía en su reforma de hace doce años, si bien necesita un periodo transitorio para estar en pleno funcionamiento.

Tal como refleja el decreto la agencia descansará entres patas: equipos de trabajo especializada, autonomía en el trabajo diario y un potente departamento de informática. Así, el decreto contempla un equipo de 35 altos funcionarios (distribuidos en subdirecciones generales y jefaturas de servicio) que tirarán del carro de un organismo cuyo reto será, entre otras cuestiones, «asumir la recaudación ejecutiva propia encomendada actualmente a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como asumir la de los entes municipales de la Comunitat Valenciana» que quieran firmar convenios con la agencia.

El decreto especifica que el departamento de recaudación será considerado autoridad. Como objetivos figura también «reforzar la inspección para aumentar la lucha contra el fraude fiscal, impulsar el área de gestión para profundizar en la aplicación y control de los impuetsos medioambientales y de la tributación del juego, así como la recaudación e inspección de los tributos». La asunción de estas nuevas funciones (asuntos como la recaudación son realizados ahora por terceros), así como la mejora de las que ya se asumen desde de la dirección general de Tributos «requiere» la adecuación de departamentos y demás unidades.

La piedra angular de los cambios radicará en la subdirección general y en la secretaría general. La primera se ocupará de la gestión de los tributos, mientras la segunda de cuestiones presupuestarias, contratación y personal. La idea fuerza es la constitución de equipos de inspectores especializados que trabajarán en ámbitos territoriales concretos.

La agencia se estructurará en cinco departamentos que a su vez contará con sus propios equipos: el departamento de gestión tributaria (con seis equipos de inspectores); el de Inspección tributaria (con siete); el de recaudación (cinco); el de informática y el de valoración. Además, se prevé crear una oficina de calidad y estadísticas tributarias y un equipo de comunicación y relaciones institucionales.

Entre los departamentos más importantes, cabe destacar el de informática ya que ejercerá con autonomía propia, es decir, al margen de la Dirección de Tecnologías de la Información, las funciones de las tecnologías de la información y teleadministración en materia tributaria.

Cabe apuntar que un sistema informático potente, capaz de cruzar datos entre administraciones sobre los contribuyentes, es clave para la lucha contra el fraude y, según los expertos, uno de los actuales puntos débiles.

La estructura se completa con una potente secretaría general, que se encargará de las asuntos generales, contratación y recursos humanos y la creación de dos delegaciones: una en Alicante y otra en Castelló. En cuanto a sus recursos económicos, junto con la subvenciones de la Generalitat, se prevé contar con ingresos procedentes de tasas y precios públicos, así como de «préstamos» necesarios.

El decreto entra en vigor mañana, aunque la Conselleria de Hacienda que preside Vicent Soler ya advierte de que no será realidad de la noche a la mañana: "La dinamización e impulso de la Agencia Tributaria Valenciana requiere una planificación estratégica de cambios organizativos, que deberán ser dotados de forma progresiva en un horizonte plurianual a la vista de los recursos limitados para alcanzar la autonomía e independencia funcionales del ente que permita alcanzar la autonomía e independencia funcionales para asumir las funciones tributarias delegadas en otras administraciones", recoge el decreto.