No saben cómo hacerlo. Las ayudas son nominativas y se cobran mediante cuenta bancaria. ¿Cómo conseguir, pues, que los más excluidos, los que carecen de cuenta en el banco, los que no tienen papeles ni DNI, puedan cobrar la nueva Renta Valenciana de Inclusión? La pregunta aún no tiene respuesta, pero el Consell del Botànic «trabaja» para tenerla. Y es que, de momento, las personas más vulnerables, los que nada tienen, los sin hogar o los inmigrantes en situación irregular ni tan siquiera pueden pedir la prestación. O tienen una cuenta bancaria a su nombre o no hay nada que hacer. De momento.
La Ley Valenciana de Inclusión es pionera en España y está diseñada para no perpetuar un modelo donde la pobreza se hereda; para conceder una prestación el tiempo necesario hasta que la situación cambie; para incluir, por primera vez, a quien está fuera del sistema como las personas sin hogar o los migrantes en situación irregular. Por ello, se redujeron los requisitos, se ampliaron las cuantías y se generó un derecho. Pero no se tuvo en cuenta la banca ni las normas que la rigen. Y ahí está el problema.
La ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo obliga a identificar al cliente y a pagar el «mantenimiento de terceros», que cuesta entre 6 y 9 euros. «Si no está el mantenimiento de terceros, automáticamente Intervención no fiscaliza el expediente y la Administración no puede pagar. Por eso es obligatorio incluir un número de cuenta en la solicitud del expediente. Es una normativa europea que se torna absurda cuando se aplica para quien no tiene nada, pero la ley es la ley y ahora buscamos soluciones», explica el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez.
Las negociaciones, sin embargo, las ha llevado a cabo la secretaría autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, quien reconoce la dificultad encontrada para «instrumentalizar la ayuda para que llegue a los más vulnerables», por lo que insiste en que «la colaboración de la banca es imprescindible, y en esas estamos». «Tras la última reunión mantenida con la banca privada, ésta se comprometió a estudiar diversas fórmulas que pueden pasar, por ejemplo, por el pago a través de cheques, mediante un fondo común del ayuntamiento. Es decir, igual que se hizo con los libros de texto donde se utilizó la logística de los ayuntamientos para que los usuarios llevaran las facturas de los libros y se les abonara el importe. Es una idea, pero tenemos que encontrar una solución y la banca se ha comprometido a estudiar opciones porque lo que queremos es incluir a estas personas en el sistema y necesitamos la colaboración de la banca privada», explica la secretaria autonómica.
La banca pública se queda fuera
La banca pública, por su parte, «nada puede hacer», en palabras del director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, ya que «por ley nosotros no podemos captar depósitos, al ser un financiador y esta es una cuestión centrada en cómo la Generalitat puede hacer efectivo un pago cuando no hay disposición de cuenta corriente».
