Presidencia de la Generalitat ha diseñado un programa para los ayuntamientos más vulnerables que incluye, entre otras medidas, la opción de que el Consell compre bienes municipales con opción de recompra para el consistorio durante un plazo de cinco años. Este novedoso mecanismo, cuyo objetivo es inyectar liquidez a los ayuntamientos en situación de quiebra, forma parte de una suerte de plan de rescate (estrategia Juntament) anunciado ayer por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig. La iniciativa, plasmada ya en un decreto en vías de tramitación, tiene como fin último garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos con independencia de la situación económica de los municipios.

En concreto, las medidas están dirigidas a las poblaciones de menor densidad y aquellas que disponen de un informe de sostenibilidad financiera desfavorable, es decir, cuyo nivel de endeudamiento supera el 110 por ciento de los ingresos ordinarios. En concreto, las ayudas en las que trabaja Presidencia de la Generalitat tendrán una dotación de 240 millones de euros, si bien su ejecución se fía a la siguiente legislatura. Así, el decreto fija el periodo temporal de cumplimiento entre 2019 y 2023.

La norma, en fase de audiencia pública, contiene varias líneas de actuación por la vía de las subvenciones, como por ejemplo, la financiación del gasto corriente de los ayuntamientos con problemas para hacer frente a la prestación de servicios públicos o la cofinanciación de la carga financiera de las entidades adheridas al fondo de financiación de las entidades locales. Junto a la convocatoria de subvenciones, el Consell regulará también la vía de la alienación de activos inmovilizados y planes extraordinarios de saneamiento. Este mecanismo está previsto para aquellas entidades locales que por su especial situación de riesgo financiero no puedan reducir su deuda seis años después. El Ejecutivo les exigirá un plan de venta de bienes que les permita sanear sus cuentas. En este caso, plantea dos modalidades: venta de activos a terceros o venta a la Generalitat cuando no pueda obtenerse el precio de mercado. Si el bien tiene una valor intrínseco para el ayuntamiento, el Consell realizará un pacto de recompra a favor del municipio por un importe correspondiente al 50 % del valor de mercado. El ayuntamiento tendrá un plazo de cinco años para ejercitar la recompra. Si el bien tiene un valor para la Generalitat, la compra se realizará por el 80 % del valor del mercado y no habrá recompra. El dinero inyectado deberá destinarse a reducir la carga financiera.

El decreto especifica que los gastos corrientes que podrán ser objeto de financiación son los correspondientes a los capítulos I al IV, aunque con excepción de los derivados de fiestas. La Generalitat considera que son entidades locales en situación de riesgo financiero aquellas que están adheridas al fondo de financiación de entidades locales. Puig, que explicó el decreto en un acto con más de 170 munícipes, explicó que las ayudas buscan evitar que un problema financiero impida a ayuntamientos deficitarios mantener abiertas centros sociales.

Según Presidencia, existe una treintena de municipios en quiebra, aunque las ayudas pueden llegar a casi doscientos municipios. El resto serían localidades en emergencia por despoblación. Puig destacó que la Generalitat ha destinado en esta legislatura 1.218 millones a los ayuntamientos.