Cuatro de los cinco grupos (PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos) que integran la comisión que investiga los sobrecostes de la empresa pública Ciegsa han aprobado esta mañana el dictamen después de más de tres años de trabajos y numerosas comparecencias en las Corts.
La comisión ha resultado muy bronca con numerosas interrupciones. El PP ha acusado a la presidenta de la comisión, de Compromís, de imparcialidad. El PP ha maniobrado para atraerse a Ciudadanos, al forzar una votación inédita en este tipo de comisiones, para evitar que la presidenta de la comisión, Marian Campello (Compromís) fuera la persona que defendiera las conclusiones en el pleno. Los populares han propuesto al vicepresidente de la comisión, Tony Woodward, lo que ha puesto en un brete a Ciudadanos que defendía que fuera Campello porque así se hace en todas las comisiones. Finalmente la votación la ha ganado Campello.
El portavoz del PP en la comisión, José Juan Zaplana, ha asegurado que el dictamen es una recopilación sesgada de informes que incluyen mentiras y falacias. En su opinión hay una historia construida por los partidos del Botànic y ha advertido de que no se ha analizado Ciegsa a partir de 2015, cuando los partidos de izquierda llegaron al poder.
El PP asegura que los controles del pasado en la empresa que construía colegios son los mismos que en la actualidad y ha remarcado que todos los comparecientes han señalado que Ciegsa fue un instrumento útil.
El portavoz socialista Alfred Boix ha considerado probado la existencia de una guerra de recaudadores del PP en Ciegsa y la creación de un sistema de contratación que ya fue puesto en cuestión por la Sindicatura de Comptes, así como la creación de un entramado para poder teledirigir las contrataciones, de forma que se anulaban en la práctica los concursos donde primaba la subjetividad. "Iban a crear colegios y lo que crearon es un negocio para el PP", asegura Boix.
La diputada Belén Bachero concluye que han habido sobrecostes por más de mil millones de euros y asegura que el PP creó una empresa totalmente opaca especialmente en los años de Máximo Caturla, donde su equipo controló todas las mesas de contratación y se aseguraron de a quien se le concedían las obras. Una empresa que fue asumiendo deuda, algo que le venía bien al Consell que miraba hacia otro lado porque permitía también al partido financiarse. "Se creó un mecanismo para poder robar y repartirse las mordidas, era además la empresa de colocación del PP", concluye Bachero que añade que se pagaron 33 millones por intereses, una decisión de la entonces consellera Maria José Català. Según Compromís hay dos responsables, Esteban González Pons que incorporó a Máximo Caturla y después Alejandro Font de Mora, responsable de la etapa oscura de Caturla en Ciegsa.
El diputado de Podemos Antonio Montiel aseguró que Ciegsa actuaba con 'patente de corso' una figura que permitía delinquir sin tener que dar explicaciones. En su opinión ha quedado demostrado que la conselleria renunció a todo tipo de control en Ciegsa y que se creó todo un entramado con total libertad para contratar personal y proveer también a los gabinetes de los consellers o para reubicar a personas que cayeron en desgracia política o no lograron puesto en las listas.
Ciudadanos también ha firmado el dictamen, pero su diputada Merche Ventura ha dicho que no se ha podido cifrar la cantidad en sobrecostes y ha remarcado que al PP le molesta que se conozca la verdad, aunque también ha criticado que el actual Consell siga funcionando con esa empresa pública de construcción de colegios.
