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Pla y Orengo niegan la financiación ilegal del PSPV y recurren al ataque al PP

La excandidata socialista Etelvina Andreu se acoge a su derecho a no declarar porque el PP ha recurrido su causa

Pla y Orengo niegan la financiación ilegal del PSPV y recurren al ataque al PP

No hay mejor defensa que un buen ataque. Los dos exaltos cargos socialistas que comparecieron ayer en la comisión de las Corts que investiga la presunta financiación ilegal del PSPV y Bloc en la campaña electoral, Joan Ignasi Pla y José Manuel Orengo, comparecieron a la defensiva pero con la artillería preparada para intentar contrarrestar las acusaciones de presunto dopaje electoral con la supuesta colaboración de la consultora de comunicación de Gandia, Crespo Gomar SL.

Abrió la jornada el exsecretario general del PSPV de 2000 a 2007. Pla negó cualquier irregularidad en la financiación de los socialistas durante la campaña electoral de 2007, en la que él fue candidato. «Puedo asegurar que el PSPV hizo un estricto cumplimiento de la legalidad [en la campaña electoral de 2007] y que no hubo financiación ilegal», defendió en respuesta a las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos, Podemos, Compromís, PSPV y PP.

Aunque Pla no recordaba el coste de la campaña electoral en la que él optaba a la Generalitat porque, se escudó no estaba en el detalle de los números. «Mi papel era de responsable político y sobre cuestiones políticas. Las cuestiones económicas no me correspondían a mi». A pesar de alegar este desconocimiento sí que defendió que que el PSPV abonó íntegramente los 400.000 euros facturados por la consultora de comunicación Crespo Gomar SL, sospechosa de haber financiado ilegalmente al PSPV y Bloc.

No piensa igual el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad de drogas y crimen organizado (Udyco) de la Policía de València que constató indiciariamente en un informe que la empresa Crespo Gomar SL hizo una doble facturación para pagar gastos electorales del PSPV y Bloc «como mínimo en el periodo del 2005 al 2008, ambos inclusive», según el análisis policial del que informó Levante-EMV el 12 de mayo de 2018. Un informe que no tuvo recorrido para los responsables de ambos partidos en València ya que el delito electoral cometido supuestamente por ambas formaciones habría prescrito debido al tiempo transcurrido (prescribe a los cinco años) pero la investigación continuó en cuatro juzgados de Benidorm, Gandia y Madrid por los presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación, por si hubo trato de favor a Crespo Gomar. Las dos causas que se investigaban en Madrid se han archivado, pero el PP ha recurrido el carpetazo a estas investigaciones. El diputado del PP, Rubén Ibáñez, preguntó a Pla su opinión sobre este informe. El exlíder socialista, aseguró que da «la misma credibilidad a este informe que el PP daba a los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que «dijeron lo que dijeron del señor [Francisco] Camps».

Por su parte, el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, defendió la legalidad de la subvención concedida por el ayuntamiento de la capital de la Safor a la Federación Valenciana de Fútbol para que comprara un piso en Gandia, propiedad de la familia Gomar cuando el patriarca era teniente alcalde y que investiga un juzgado. Orengo admitió que esta elección no fue «estética» pero que fue la Federación quien eligió. Orengo añadió que durante el tiempo que estuvo en los órganos de dirección del partido «no vi ningún tipo de financiación irregular de ningún tipo». Y arremetió contra su sucesor, Alberto Torró, de quien dijo, «teníamos a un mafioso en la Alcaldía de Gandia» y contrató «mucho más» a Crespo Gomar SL.

También compareció la excandidata socialista a la alcaldía de Alicante y exalto cargo del Ministerio de Sanidad, Etelvina Andreu, quien se acogió a su derecho a no declarar ya que estaba imputada en una causa pero al recurrir el PP, el archivo no es definitivo.

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