Readmitir a los estudiantes de las universidades privadas en los hospitales públicos para hacer sus prácticas pregrado sí pero solo hasta donde «se puedan asumir». Este es el matiz que ayer introdujo el president de la Generalitat, Ximo Puig, cuando entró a valorar la sentencia del Tribunal Constitucional que echa por tierra la exclusión que estableció en 2016 el Botànic y que dejó fuera desde entonces a estos alumnos de Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería o Fisioterapia) del circuito público de prácticas.
El fallo del Alto Tribunal deja bien a las claras que el cambio de la ley valenciana para permitir esta exclusión es inconstitucional pero, según las palabras del president Ximo Puig, acatar por completo la sentencia podría no ser posible y habría que poner límites «porque la salud de los ciudadanos es lo más importante».
Puig reintroducía así una de las razones que llevaron al conseller Vicent Marzà y a la exconsellera de Sanidad, Carmen Montón, a defender este modelo excluyente: había demasiados alumnos haciendo prácticas en ciertos hospitales, lo que iba en detrimento tanto de pacientes como de estudiantes y había que poner «orden». Se acataba también así el decreto del 420/2015, aprobado por el PP, que limita un grado por hospital para evitar, precisamente, esta masificación.
Reparto ya sobre la mesa
De hecho, Sanidad ya echó mano de este decreto a finales de 2016 para establecer un nuevo reparto de prácticas en hospitales públicos y dar acomodo a todos los estudiantes de la privada «en periodo transitorio» y que no podían ser expulsados del circuito por el cambio de posición del Botànic. Gracias a este reparto, la red hospitalaria valenciana repartió a los más de 1.000 estudiantes del CEU de Medicina, Enfermería y Fisioterapia para que no «coincidieran» en prácticas con sus compañeros de estudios de la pública en centros como el Arnau y el hospital de Manises o Alzira,en València.
Este mapa, de hecho, serviría de base para las negociaciones que ahora Consell y centros privados tienen que retomar para firmar nuevos convenios y acatar el fallo del constitucional. Desde Sanidad aseguraron que aún se está trabajando en el convenio y el reparto que regirá y tampoco aclararon si, al desmantelar el sistema impuesto en 2016 las universidades privadas volverían a poder contratar directamente a sus tutores en los hospitales sin necesidad de pagar un canon por ello a un centro público, como tenían que hacer ahora.
Mientras, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, reivindicó ayer que fueron ellos los que llevaron al Constitucional la ley sobre las prácticas pese a que ahora, otros partidos, saquen la «bandera en defensa de la libertad educativa. Otros partidos podían haber puesto el recurso, pero el único que lo hizo fue el PP».
