La lista de espera para obtener el certificado del grado de discapacidad en la provincia de València suma entre 35.000 y 40.000 personas que llevan dos años de demora, tanto para obtener el certificado por primera vez como en la revisión del grado otorgado. Sin embargo, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunitat Valenciana aseguran que hay «muchos más» y estiman unas 20.000 solicitudes pendientes en Alicante y otras 12.000 en Castelló ya que «esas son las cifras que calculamos si tenemos en cuenta que un 10% de la población valenciana tiene alguna discapacidad y que la Adminsitración reconoce una lista de espera en València de unas 40.000 personas, que es una barbaridad».
En estos términos se expresa el presidente de Cocemfe en la Comunitat Valenciana, Carlos Laguna, quien asegura que el problema de la lista de espera en los centros de valoración «no es de hoy ni de ayer, porque llevamos exigiendo soluciones desde hace 15 años». Además, Laguna afirma que el argumentario del ejecutivo autonómico «es el mismo» que hace más de una década «sin que importe el color político de quien gobierne porque pensábamos que con el nuevo Consell las cifras cambiarían, pero no es así». «Estamos igual que estábamos», dice.
«No hay voluntad»
Laguna afirma que no es la primera vez que escucha que existe una falta de médicos en los centros de valoraciones del grado de discapacidad. «Este es un problema que viene de lejos y no han solucionado. Porque no hay voluntad. Desde Cocemfe les hemos planteado a los diferentes políticos que se han encargado del servicio, tanto de la etapa anterior como de la actual, que externalicen el servicio burocrático para que los gestionemos desde las entidades sin ánimo de lucro», señala. «Que ellos gestionen la parte médica que nosotros nos encargamos de la administrativa, pero no quieren y tampoco hacen nada para resolverlo. A las cifras me remito», manifiesta.
El presidente de Cocemfe insiste en «el drama» que supone «para miles de personas con discapacidad no acceder al grado que le corresponde durante dos años porque, de entrada, no pueden trabajar en centros especiales de empleo y para continuar es un tiempo que se pierde en beneficios fiscales, en exenciones de pago, en solicitudes de becas, en puntos para determinadas adjudicaciones. Es gente que ya tiene la discapacidad y si por ejemplo quiere reformar su vivienda para que sea accesible se queda sin recibir las ayudas porque carece del certificado. Si 15 años después la situación es igual o peor, la intervención debe ser inmediata», dice.
