El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quedó ayer en libertad con cargos, tras permanecer nueve meses en prisión. Junto al exministro de Trabajo también quedaron libres sus dos presuntos testaferros Joaquín Miguel Barceló y Francisco Grau Jornet, encarcelados como Zaplana desde el pasado 25 de mayo.

La libertad decretada para los tres investigados del Caso Erial por la titular del Juzgado de Instrucción 8, a la que no se ha opuesto la Fiscalía Anticorrupción, no se ha adoptado por motivos de salud ni humanitarios, como se ha reivindicado insistentemente en los últimos meses. La magistrada ha aceptado excarcelar a Zaplana, Barceló y Grau tras acceder y bloquear dos cuentas corrientes en Suiza con un saldo de 6,3 millones de euros, según el auto dictado por la magistrada ayer mismo.

Aunque el dinero incautado aún no se ha ingresado en la cuenta del Juzgado de Instrucción 8, la magistrada ve ahora «imposible la disposición de dicho dinero» por parte de los tres acusados excarcelados lo que «minimiza el riesgo de fuga, al privarles de una cantidad tan importante de dinero». Zaplana negó ayer que estas cuentas le pertenezcan, aunque la magistrada considera que «presunta e indiciariamente el 90% pertenece a Eduardo Zaplana» y, el resto, a sus dos presuntos testaferros, Joaquín Miguel Barceló y Francisco Grau Jornet.

Este dinero procede presuntamente del cobro de comisiones por la adjudicación de las concesiones de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV) en 1997 y del Plan Eólico Valenciano (2002). Un hecho que Zaplana también negó ayer. El problema que han tenido precisamente los investigadores ha sido acreditar el rastro del dinero ya que éste ha viajado por diferentes paraísos fiscales a través de sociedades pantalla con la intención de repatriarlo a España. Las mercantiles presuntamente implicadas en esta «Operación retorno» monetaria eran Medlevante, Costera del Glorio, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica, todas administradas por los dos presuntos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau.

Tras la decisión de la magistrada Zaplana y sus dos testaferros quedan libres, con cargos pero sin fianza. Aunque los tres han tenido que entregar sus pasaportes en el juzgado. La magistrada también les obliga a comparecer cada semana (todos los lunes) en el juzgado de guardia más próximo a su domicilio.

La titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, Isabel Rodríguez Guerola, también aprovecha el auto de libertad de los tres acusados para analizar sus «valoraciones jurídicas» cuestionadas durante estos meses. «Y que no deben estar tan equivocadas cuando no sólo el Ministerio Público sino la Audiencia de València han ratificado las medidas de prisión, hasta en cuatro ocasiones, por entender que existe un evidente riesgo de fuga». Un peligro que la jueza quería exorcizar a toda costa. «Hay otros centros hospitalarios en otros países donde existen tratamientos y con los que se producen intercambios de información y se fijan protocolos universales a aplicar. Por lo tanto, ello no evita el riesgo de fuga, cuando se parte de que el solicitante [en referencia a Zaplana] tiene dinero en el extranjero procedente de los delitos presuntamente cometidos por él (...) y podría recibir tratamiento en países muy avanzados y en los que es difícil conseguir extradiciones, por la legislación y convenios suscritos».