Multitud de municipios de la Comunitat Valenciana mantienen en pleno siglo XXI graves deficiencias en la accesibilidad a algunos de sus edificios municipales, como es el caso de los propios ayuntamientos. Escaleras estrechas, escalones improvisados o la altura de las aceras se convierten en auténticos obstáculos que impiden a personas con problemas de movilidad -como mayores o algunas con discapacidad- acceder a estas instalaciones públicas para realizar distintas gestiones administrativas. En su mayor parte, esta circunstancia se debe a que estas infraestructuras fueron construidas en épocas en las que no era habitual la sensibilidad hacia estas personas. Distintos ciudadanos han tenido que ser atendidos en la calle o en el vestíbulo del edificio, algunas bodas civiles han debido celebrarse en oficinas e incluso algunos funcionarios o trabajadores municipales se han visto obligados a pedir traslados o reclamar nuevas ubicaciones físicas para desarrollar su labor.
Un total de 72 de estos municipios de menos de 50.000 habitantes ya han podido eliminar esas barreras -o están haciéndolo- gracias a la primera convocatoria de ayudas para la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios municipales emitida por el Consell el año pasado. Ahora en 2019 se podrán unir otros consistorios, ya que la Generalitat ha lanzado una segunda tanda de subvenciones de hasta 4 millones de euros en las que se ampliará el rango de acción a centros deportivos o culturales municipales.
Con las ayudas obtenidas, los ayuntamientos beneficiarios han podido desde adecuar los accesos a las casas consistoriales con rampas para evitar los escalones hasta habilitar los aseos o instalar plataformas elevadoras, dispositivos salvaescaleras o ascensores que permitan a las personas con problemas de movilidad acceder a cualquier departamento de estos edificios públicos, entre los que se han incluido distintos hogares del jubilado.
Problemas para trabajadores
Entre los afectados por este tipo de problemas no sólo se encontraban los vecinos de estas localidades, sino también muchos trabajadores y funcionarios que debían desempeñar su puesto de trabajo en los ayuntamientos. Así, por ejemplo, en Chera, según reconoce el actual alcalde, Alejandro Portero, al poco de entrar él en la ejecutiva local en 2007 las dificultades de accesibilidad condicionaron la labor de «una secretaria que tenía una enfermedad grave de movilidad y no podía acceder a la primera planta para trabajar». «Se solicitaron distintas ayudas, pero no fueron concedidas», lamenta.
En esa tesitura, además, decidieron bajar los servicios sociales a la primera planta «para atender a los usuarios, que en un pueblo pequeño en muchas ocasiones son personas mayores». Ahora han podido instalar una silla elevadora para subir al primer piso sin necesidad de hacer frente a los escalones a pie. «Nos ha costado muchos años, pero por fin se ha conseguido. Ahora hay una mayor sensibilidad», asegura Portero, que señala que el nuevo dispositivo les ha permitido «subir los servicios sociales de nuevo para que los vecinos puedan tener más intimidad en esas gestiones».
