Dos altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Vicente Contreras Bórnez y Manuel Sansano Muñoz, han admitido ante la Fiscalía haber falseado en 2006 los pliegos del concurso para el contrato de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes conocedoras de los hechos. Al reconocer los hechos ambos directivos y autoinculparse, la sección de delitos económicos de la Fiscalía provincial de València ha retirado la acusación contra la exgerente de FGV, Marisa Gracia, que también estaba procesada por estos hechos ya que fue quien aprobó en última instancia el contrato amañado.
Los tres iban a ser juzgados en la sección segunda de la Audiencia de València el 26, 27 y 28 de febrero por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación. La Fiscalía pedía para cada uno de ellos seis años de cárcel. Los tres exdirectivos de FGV también están procesados por el accidente del metro del 3 de julio de 2006 que costó la vida a 41 viajeros y dos trabajadores de FGV (el maquinista y la interventora).
Sin embargo, tras alcanzar la conformidad alcanzada con la Fiscalía, Marisa Gracia logra que se retiren los cargos contra ella, al admitir el amaño del contrato de vigilancia su número dos en FGV, Vicente Contreras, y el exalto cargo, Manuel Sansano.
Ambos también logran una rebaja sustancial de la pena a la que se enfrentaban. Contreras, que era director adjunto de explotación, y Sansano, director de operaciones, consiguen ser condenados a sólo nueve meses de cárcel y tres meses de multa, a razón de 15 euros diarios (unos 1.350 euros de multa). A ambos condenados se les aplica la el Código Penal anterior a la reforma de 2015, por lo que podrán sustituir los nueve meses de cárcel por una multa de alrededor de unos 8.000 euros más.
Ambos directivos condenados también deberán pagar las costas de la acusación particular que ejercía Arturo Rocher, el exjefe de seguridad de FGV que denunció la manipulación del concurso aunque acabó imputado a petición de los exdirectivos de FGV. Rocher, que ha sido defendido por el letrado Óscar Domínguez Moya, pasó de estar investigado durante gran parte de la instrucción a denunciante o querellado, según hizo constar en el auto apertura de juicio oral la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, Isabel Rodríguez Guerola. La magistrada instruyó durante seis años estos hechos, que intentó archivar, aunque fue la Audiencia de València la que le obligó a decretar la apertura de juicio oral.
Tanto Contreras como Sansano también serán condenados a seis meses de inhabilitación en FGV como jefes de explotación y jefe de operaciones, respectivamente. Aunque esta medida no tendrá ningún efecto porque ambos están jubilados desde hace años.
Alteración de las valoraciones
Los hechos admitidos por los dos exdirectivos sucedieron entre los años 2006 y 2007 (meses después del accidente del metro). Según reconocen y quedó acreditado durante la instrucción, Marisa Gracia adjudicó el 20 de julio de 2007 por 3,5 millones de euros el contrato de prestación de los servicios de vigilancia y protección de viajeros, instalaciones y dependencias de FGV. El lote 1 de esta adjudicación correspondió a la empresa Med Seguridad, por 846.385,60 ?. La adjudicación fue posible tras alterar Sansano (director de operaciones) y Contreras (director adjunto de explotación) la propuesta de adjudicación que había realizado el jefe de seguridad, Arturo Rocher.
Durante la instrucción se averiguó que tras la manipulación del resultado del concurso, la empresa Med Seguridad contrató al hijo de Marisa Gracia durante tres breves periodos de tiempo a lo largo de 2007.
El pufo en la adjudicación del concurso se pudo descubrir porque el exjefe de seguridad de FGV, Arturo Rocher (a quien llegaron a despedir pero fue readmitido tras demandar su abogado Óscar Domínguez a la empresa) fue designado como técnico para valorar las empresas que optaban al concurso de vigilancia y seguridad en FGV. Rocher hizo una valoración, con criterios técnicos, aunque «tras volver de vacaciones» en junio de 2007 «vio cómo se había alterado la puntuación de las empresas concurrentes». Tanto Contreras como Sansano aseguraron durante la instrucción de que «habían seguido instrucciones de Marisa Gracia» porque «le interesaba» que el Lote 1 se adjudicara a la empresa Med Seguridad.
